Por Redacción | Agencia MANL
Toluca, Méx., a 10 de agosto de 2026.— La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México quedó bajo escrutinio luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención de dos funcionarios presuntamente relacionados con una red de extorsión contra propietarios de verificentros y estaciones de servicio.
Los detenidos son Raúl Piña Horta, director general de Control de Emisiones Atmosféricas, y Carlos Eduardo Solares Vega, director de Control de Emisiones a la Atmósfera, ambos adscritos a la dependencia estatal.
Piña Horta fue detenido en Acapulco, Guerrero, mientras que Solares Vega fue localizado en la Ciudad de México, en acciones coordinadas por la Fiscalía mexiquense con autoridades federales y de ambas entidades. Las capturas se realizaron mediante órdenes de aprehensión otorgadas por jueces del Poder Judicial del Estado de México.
De acuerdo con la investigación ministerial, las detenciones derivaron de diversas denuncias presentadas por víctimas. La Fiscalía sostiene que ambos funcionarios presuntamente formaban parte de una estructura integrada también por servidores públicos, exservidores públicos y particulares.
La autoridad ministerial señala que el grupo habría obligado a propietarios de verificentros a entregar cuotas ilegales para permitirles continuar con sus actividades. En otros casos, presuntamente se habrían utilizado atribuciones administrativas para simular procedimientos destinados a despojar a propietarios de concesiones e incluso de infraestructura adquirida por las propias víctimas.
Según la Fiscalía, quienes se resistían a pagar o pretendían denunciar habrían recibido amenazas de sufrir afectaciones. La investigación apunta además a que el esquema habría generado decenas de millones de pesos mensuales mediante el cobro de cuotas ilegales.
EL CASO YA HABÍA LLEGADO A LA PRESIDENCIA
Las detenciones ocurren después de que empresarios del Estado de México expusieran ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presuntos actos de extorsión relacionados con inspecciones y trámites ambientales.
Entre los señalamientos difundidos previamente apareció el nombre de Raúl Piña Horta, quien ocupaba un cargo directivo dentro de la estructura encargada del control de emisiones atmosféricas.
Los empresarios denunciaron presuntas exigencias económicas para evitar clausuras o permitir la continuidad de operaciones. Algunos testimonios difundidos públicamente señalaron cantidades que iban de 500 mil a 800 mil pesos en efectivo.
La exposición del caso ante la Presidencia de la República convirtió las denuncias en un asunto de relevancia nacional y abrió la puerta para que las autoridades federales y estatales revisaran los hechos denunciados.
UNA INVESTIGACIÓN QUE APENAS COMIENZA
Con las dos detenciones, el caso deja de ser solamente una serie de acusaciones públicas y entra en una etapa judicial en la que deberán establecerse responsabilidades individuales y determinarse quiénes más participaron, cuánto dinero habría sido obtenido y durante cuánto tiempo habría operado el supuesto esquema.
La propia Fiscalía mexiquense informó que existen otros servidores públicos, exservidores públicos y particulares identificados dentro de la investigación, por lo que no se descarta que se produzcan nuevas acciones judiciales.
El expediente también plantea interrogantes sobre los mecanismos de control dentro de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: ¿cuándo comenzaron las denuncias?, ¿qué autoridades tuvieron conocimiento?, ¿se realizaron investigaciones internas?, ¿cuántos verificentros pudieron haber sido afectados? y ¿qué funcionarios participaron en las inspecciones, sanciones o autorizaciones?
Son preguntas que deberán responderse conforme avance la investigación.
Por ahora, la Fiscalía ha confirmado la detención de los dos funcionarios y la existencia de una investigación más amplia por presunta extorsión.
Ambos detenidos deberán enfrentar el proceso correspondiente y prevalece su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial definitiva.
Lo que queda abierto es la dimensión real del caso.
Si la Fiscalía acredita la existencia de una estructura integrada por funcionarios, exfuncionarios y particulares, las dos detenciones podrían ser solamente el primer capítulo de una investigación que alcance a más integrantes de la administración ambiental mexiquense.
