* Diputado asegura que la medida permitirá un proceso más claro para la ciudadanía y nuevos filtros contra candidatos vinculados al crimen o la violencia de género.
Por Redacción | Agencia MANL
El Congreso del Estado de México se encamina a convertirse en una de las primeras legislaturas del país en avalar la reforma judicial que aplaza hasta 2028 la elección de jueces y magistrados, una decisión que, según el diputado mexiquense Octavio Martínez Vargas, busca garantizar un proceso electoral más ordenado, accesible y con mayores controles para impedir la llegada de perfiles relacionados con actividades delictivas o antecedentes de violencia de género.
Durante la discusión de la minuta enviada por el Senado de la República, el legislador sostuvo que la modificación responde a observaciones técnicas planteadas por diversas instituciones y actores involucrados en la organización de los procesos electorales, entre ellos el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), partidos políticos y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Martínez Vargas argumentó que realizar de manera simultánea las elecciones judiciales con los comicios para gubernaturas, congresos locales y el Congreso de la Unión habría representado una carga operativa y organizativa de gran complejidad, por lo que el aplazamiento permitirá construir un mecanismo más eficiente para los votantes.
“El siguiente proceso permitirá contar con boletas más amigables y un sistema mucho más accesible para las y los ciudadanos”, afirmó desde la tribuna legislativa.
Uno de los puntos que el diputado destacó fue la creación de comités especiales de evaluación, organismos que tendrán la responsabilidad de revisar los perfiles de quienes aspiren a cargos dentro del Poder Judicial. De acuerdo con el legislador, estos filtros impedirán que personas relacionadas con estructuras criminales o con antecedentes de violencia de género puedan competir por posiciones de impartición de justicia.
En contraste, criticó a las fuerzas de oposición por rechazar la propuesta y limitar el debate a posturas políticas, sin aportar —dijo— elementos de fondo para fortalecer la reforma.
En el caso del Estado de México, la armonización legislativa implicará modificaciones a la Constitución local, al Código Electoral y a la Ley Orgánica del Poder Judicial. La renovación prevista para 2028 será una de las más amplias en la historia reciente de la entidad, ya que contempla la elección de aproximadamente 400 jueces y juezas, 30 magistradas y magistrados, además de la presidencia del Poder Judicial estatal.
Martínez Vargas también resaltó que la reforma mantiene los criterios de austeridad impulsados en los últimos años, estableciendo que ningún integrante del Poder Judicial podrá percibir un salario superior al de la presidenta de la República o al de la titular del Ejecutivo estatal. Asimismo, señaló que desaparecen privilegios como los haberes de retiro y otros beneficios considerados excesivos.
Al hacer un balance del sistema de justicia mexiquense, el legislador afirmó que aún existen retos pendientes, pero aseguró que actualmente se observa una mayor cercanía entre las instituciones judiciales y la ciudadanía mediante audiencias públicas, jornadas itinerantes y programas de atención social en distintos municipios.
Finalmente, sostuvo que, una vez aprobada esta reforma, el siguiente gran tema en la agenda legislativa deberá ser la transformación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el objetivo de fortalecer la procuración de justicia y responder a las demandas de la población.
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