Libertad de Libertad de expresión o blindaje empresarial

 

A Contraluz | El Tecladista




Agencia MANL


Ricardo Salinas Pliego decidió llevar su confrontación con el gobierno mexicano al terreno internacional. Tras reunirse con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, denunció acoso y persecución desde el poder, señalando más de 600 menciones en las conferencias matutinas. El argumento es conocido: el gobierno no tolera la crítica. Sin embargo, visto a contraluz, el caso es más complejo y menos épico.




El empresario no es únicamente un crítico del régimen ni un comunicador incómodo. Es, ante todo, un deudor fiscal con litigios abiertos desde hace varios años por adeudos millonarios con el Servicio de Administración Tributaria. Conflictos que no nacieron con el actual gobierno, pero que durante sexenios anteriores avanzaron con una lentitud conveniente. La diferencia hoy es que el margen de negociación política parece haberse agotado.




Durante décadas, su grupo empresarial gozó de una relación privilegiada con el poder. Concesiones, contratos, silencios cómodos y una empresa periodística que rara vez incomodó a los gobiernos que le extendían la mano. Ese contexto no puede omitirse cuando se habla de persecución. La crítica es legítima, sí; pero también lo es la pregunta: ¿por qué ahora la narrativa de víctima?




La libertad de expresión no debe convertirse en escudo para evadir responsabilidades fiscales ni en moneda de cambio frente al escrutinio del Estado. Que un empresario sea dueño de un medio no lo exime del cumplimiento de la ley, como tampoco justifica que cualquier señalamiento desde el poder se etiquete automáticamente como censura.




A contraluz, el conflicto no es un ataque frontal a la prensa ni un caso clásico de represión informativa. Es la colisión entre un poder económico acostumbrado al trato preferencial y un gobierno que, con torpeza o cálculo político, exhibe el pleito en la arena pública. En medio, la libertad de expresión corre el riesgo de ser usada como argumento utilitario, vaciada de su sentido democrático.




Ni mártir de la palabra ni enemigo del Estado: el caso Salinas Pliego revela algo más incómodo. En México, cuando se rompen los viejos privilegios, la línea entre la rendición de cuentas y la narrativa de persecución se vuelve peligrosamente difusa.




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A Contraluz | El Tecladista

Agencia MANL

Ricardo Salinas Pliego decidió llevar su confrontación con el gobierno mexicano al terreno internacional. Tras reunirse con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, denunció acoso y persecución desde el poder, señalando más de 600 menciones en las conferencias matutinas. El argumento es conocido: el gobierno no tolera la crítica. Sin embargo, visto a contraluz, el caso es más complejo y menos épico.

El empresario no es únicamente un crítico del régimen ni un comunicador incómodo. Es, ante todo, un deudor fiscal con litigios abiertos desde hace varios años por adeudos millonarios con el Servicio de Administración Tributaria. Conflictos que no nacieron con el actual gobierno, pero que durante sexenios anteriores avanzaron con una lentitud conveniente. La diferencia hoy es que el margen de negociación política parece haberse agotado.

Durante décadas, su grupo empresarial gozó de una relación privilegiada con el poder. Concesiones, contratos, silencios cómodos y una empresa periodística que rara vez incomodó a los gobiernos que le extendían la mano. Ese contexto no puede omitirse cuando se habla de persecución. La crítica es legítima, sí; pero también lo es la pregunta: ¿por qué ahora la narrativa de víctima?

La libertad de expresión no debe convertirse en escudo para evadir responsabilidades fiscales ni en moneda de cambio frente al escrutinio del Estado. Que un empresario sea dueño de un medio no lo exime del cumplimiento de la ley, como tampoco justifica que cualquier señalamiento desde el poder se etiquete automáticamente como censura.

A contraluz, el conflicto no es un ataque frontal a la prensa ni un caso clásico de represión informativa. Es la colisión entre un poder económico acostumbrado al trato preferencial y un gobierno que, con torpeza o cálculo político, exhibe el pleito en la arena pública. En medio, la libertad de expresión corre el riesgo de ser usada como argumento utilitario, vaciada de su sentido democrático.

Ni mártir de la palabra ni enemigo del Estado: el caso Salinas Pliego revela algo más incómodo. En México, cuando se rompen los viejos privilegios, la línea entre la rendición de cuentas y la narrativa de persecución se vuelve peligrosamente difusa.

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