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lunes, 27 de noviembre de 2023

La Impunidad Del Poder Político Del PRI Impidió Detener Al Presidente Municipal de Toluca

 


Por José Humbertus Pérez Espinoza

COLUMNA ESPECIAL

Desde el mes de febrero de 2023 se presentaron diversas denuncias penales por parte de Viridiana Rodríguez Rico, ex esposa del presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, principalmente por violencia familiar y de género.

La maestra en derecho procesal penal, Viridiana Rodríguez, realiza graves acusaciones de los servidores públicos involucrados en obstruir las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), acusando a su titular José Luis Cervantes Martínez, como el principal amigo y protector de Raymundo Martínez Carbajal.

Así como también, la participación el 5 de mayo de 2023 a las 7 P.M. de integrantes de la Fiscalía General, de la Fiscalía de Género, la Fiscalía Anticorrupción, ministerios públicos, de la recién nombrada directora del DIF, María Díaz Solano, y el notario Erik Santín, quienes se presentaron al domicilio de Viridiana Rodríguez Rico, para que les firmara el desistimiento de las denuncias penales

El desistimiento de delitos graves como el secuestro exprés, en donde, no se puede otorgar el perdón porque las investigaciones se siguen de oficio y, por tal motivo, no puede haber renuncia por estas conductas cometidas por el presidente municipal de Toluca.


Mediante amenazas los funcionarios de la FGJ obligaron  firmar el desistimiento y un acuerdo de confidencialidad a Viridiana Rodríguez Rico. Lo más absurdo del convenio señala que no se puede hablar mal del presidente municipal por 15 años y si lo hiciera tendrían que pagarle a Raymundo Martínez Carbajal, 15 millones de pesos.

Las testimoniales y acusaciones de Viridiana Rodríguez Rico, son muy contundentes cuando denuncia que la Fiscal Central para Delitos de Género Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, “vio la manera de proteger a este agresor”, donde el fiscal general José Luis Cervantes Martínez y el vice fiscal Martín Marín Colín, por su amistad con el presidente municipal de Toluca “siguen protegiendo a este delincuente”.

El secuestro exprés del señor Emilio Rodríguez, padre de Viridiana Rodríguez Rico, tuvo como objetivo acallar las denuncias por violencia de género, violencia familiar y fabricarle el delito de robo en lugar cerrado y encubrimiento por receptación.

Sin embargo, este supuesto delito genera dudas de que se haya realizado, y esto se acredita cuando el Diario El Sol de Toluca en su edición del 13 de abril de 2023 titulaba este hecho de manera distinta “Detienen al suegro del alcalde de Toluca por alterar el orden público”.

Cuando en realidad en estos hechos se comete el delito de secuestro exprés por parte de los policías municipales de Toluca y siendo su autor intelectual Raymundo Martínez Carbajal en agravio del señor Emilio Rodríguez, quién fue privado de su libertad para que las denuncias de su hija Viridiana Rodríguez Rico no continuaran.

La detención ilegal era una respuesta del poder político para ocultar las denuncias de la ex esposa del presidente municipal de Toluca en tiempo electorales, para que no afectara y no repercutiera en contra de la candidata del PRI a la gubernatura del Estado de México Alejandra Paulina del Moral Vela: “La Mujer Valiente”.

El Poder Judicial del Estado de México no fue ajeno para proteger al presiente municipal de Toluca, toda vez que el Doctor Ricardo Sodí Cuellar y el presidente Municipal de Toluca Raymundo Martínez Carbajal, firmaron hace más de un año, concretamente el 22 de noviembre de 2002 el Convenio que puso en marcha el Juzgado en Línea Especializado en Violencia Familiar, que es una plataforma que acerca a la justicia y busca salvaguardar la integridad de las familias toluqueñas.

La FGJEM tenía pruebas certificadas otorgadas por Viridiana Rodríguez Rico que acreditaban las conductas despegadas por Raymundo Martínez Carbajal, por los delitos de violencia familiar, de género y de extorsión, para la segunda quincena de mayo existían los elementos de tipo penal para ejercitar la acción penal y solicitar a la LXI Legislatura que se iniciará el juicio de procedencia para desaforar al presidente municipal de Toluca.

Si el Poder Judicial del Estado de México y el presidente municipal de Toluca habían firmado el Convenio el 22 de noviembre de 2022, que puso en marcha el Juzgado en línea Especializado en Violencia Familiar, entonces ¿Por qué la FGJEM no ejercitó la acción penal y solicitó al citado Juzgado Especializado en Violencia Familiar la orden de aprehensión en línea?



Por una simple razón porque para Raymundo Martínez Carbajal, Ricardo Sodi Cuellar y José Luis Cervantes Martínez, su candidata de la unidad priista era La Mujer Valiente Alejandra del Moral Vela, y por ningún motivo se podría empañar de por si su gris candidatura que nunca creció ni con unas cucharaditas de Royal.

Así las cosas, el poder político para proteger a Raymundo Martínez Carbajal de los delitos de violencia familiar, de género y de extorsión cometidos por el presidente municipal de Toluca podrían esperar no había prisa, no perdían la esperanza que uno milagro hiciera ganar a la candidata del PRI la gubernatura del Estado de México.

No obstante que durante los últimos tres años en el Estado de México y en todo el país, los colores morado que identifican las luchas feministas, se convirtieron en vestimentas predilectas de diputadas, alcaldesas, senadoras, funcionarias públicas, magistradas, se construyó la Ciudad Mujeres y solo para hacer de la moda uno distintivo más de la impunidad del Estado de México

Es clara la protección que le dieron a Raymundo Martínez Carbajal antes de la llegada del gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, pero aún así, las ayudas no dejaron de estar presente, ¿quién dentro de la FGJEM filtró la información que se había girado orden de aprehensión en su contra?

Y no solo de este órgano del Estado pudo filtrarse su inminente detención, también pudo haber salido del Poder Judicial o de muchos de los operadores del PRI, que siguen despachando en los principales organismos encargados de ejercer el poder político en el Estado de México.

Pero también es de gran apoyo girar una o varias órdenes de aprehensión a un servidor público que cuenta con fueron constitucional, Ricardo Sodi Cuellar como doctor en derecho constitucional y José Luís Cervantes Martínez como exmagistrado ¿no tenían ambos conocimiento que se tenía que iniciar el juicio de procedencia para desaforar a Raymundo Martínez Carbajal?

Se le informó de la fuga, se le otorgaron elementos jurídicos y vicios al debido proceso para que un juez le otorgue un amparo para no ser detenido por contar con fuero constitucional.

¿Quién fue el responsable de montar todo uno espectáculo mediático que favorecerá seguramente a Raymundo Martínez Carbajal, que cuenta con mucho dinero, con millones de pesos para contratar a los mejores despachos de abogados, para que lo defienda en detrimento de las instituciones de procuración y administración de justicia que siempre lo ayudaron y protegieron?

martes, 16 de enero de 2018

Combatir la impunidad con visión de Estado, propuso Meade Kuribreña en un llamado urgente a partidos y precandidatos

La imagen puede contener: 7 personas, personas sonriendo, personas de pie y exterior





Agencia MANL

La Paz, Baja California Sur.- El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, reconoció esta mañana en La Paz, Baja California Sur, que el problema central del país es la impunidad e hizo un llamado respetuoso y urgente a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos presidenciales para avanzar en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Un llamado a los precandidatos, a las coaliciones, a los partidos, para que, más allá de la etapa electoral, generemos las condiciones para que avancemos en lo que hoy está lastimando al país. Hoy en todos lados se nos reclama el ver que hay delincuentes que no enfrentan consecuencias, que hay actos de corrupción que no enfrentan tampoco consecuencias y los elementos para implementarlos ahí están”, afirmó el precandidato presidencial en un desayuno con el sector productivo de la entidad, encabezado por Pablo Partida Escobosa, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California Sur.

Meade Kuribreña expresó que las reformas constitucionales que se han implementado en esta administración para combatir a la corrupción han sido un gran avance. Sin embargo, expresó que se trata de una arquitectura legal que aún no se concreta y debe resolverse en el corto plazo por el bien del país. “Son temas que no tiene por qué esperar. Hoy, que ya tenemos el marco constitucional, no tendríamos por qué hacer esperar al país para que nos podamos poner de acuerdo como partidos, coaliciones y precandidatos y que se avance en esa agenda fundamental”, manifestó en esta ciudad capital.

A través de un mensaje vía redes sociales, Meade sostuvo este día que “en México es altamente probable que quien cometa un delito o incurra en actos de corrupción, se salga con la suya, que no enfrente a la ley y que no pague las consecuencias de sus actos”.

En su planteamiento sobre el tema, Meade propuso un acuerdo de seis puntos para hacer frente a la problemática:

Dijo que el Senado debe nombrar a los magistrados de la sección y salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas por actos de corrupción.

Señaló que es necesario avanzar hacia la autonomía del Ministerio Público Federal, por lo que es necesario aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Dijo que es fundamental crear marcos homologados de funcionamiento del Ministerio Público a nivel local, ya que, ejemplificó, nueve de cada diez delitos son competencia de las entidades federativas.

Afirmó que es primordial nombrar al Fiscal General y al Fiscal Anticorrupción en un acuerdo con sentido de Estado. “Una vez que el poder revisor de la Constitución ha eliminado el pase directo, es momento de activar el mecanismo constitucional para el nombramiento de los titulares de ambos órganos”, dijo.

Hizo un llamado a aprobar la nueva legislación en materia de contrataciones públicas que reduzca los espacios de oportunidad de la corrupción. “Es una obligación constitucional que no puede esperar”, apuntó.

Estableció como prioritario aprobar el nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación.

En su mensaje, propuso dejar a un lado las diferencias así como crear nuevas instituciones para acabar con estos dos flagelos que dañan al país con la creación de nuevas leyes y soluciones que merecemos los mexicanos, como una nación sólida, honesta y en desarrollo.

“Se reformó la Constitución para crear instituciones que se encarguen de prevenir y castigar la corrupción, pero las reformas constitucionales son apenas el primer paso. Ahora debemos implementarlas, tenemos pendientes que atender para cristalizar el Sistema Nacional Anticorrupción”, enfatizó.

Durante su estancia en La Paz, Meade sostendrá reuniones con empresarios y líderes políticos estatales, además de participar en un encuentro con la militancia priista de Baja California Sur, en un encuentro que se llevará a cabo esta tarde en el Casino Bellavista de esta ciudad

viernes, 24 de noviembre de 2017

En Edoméx se hará frente a la impunidad con un sistema de justicia fortalecido:ADM

Agencia MANL

Toluca, Méx.- El gobernador Alfredo Del Mazo aseguró que en el Estado de México se hará frente a la impunidad con un sistema de justicia fortalecido, para que las familias mexiquenses vivan en un estado seguro y apegado a la ley. Esto, durante la toma de protesta de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia(Conatrib).

Mencionó que la prioridad es respetar y garantizar los derechos de los mexiquenses, protegiendo la vida y el patrimonio de las familias. Agregó para lograr este objetivo, también es necesario fortalecer las capacidades humanas, materiales y financieras de los Poderes Judiciales estatales, donde se atienden el 69 por ciento de los asuntos judiciales del país, pero reciben en promedio el 1.64 por ciento del presupuesto local.

Alfredo Del Mazo refrendó el compromiso del gobierno estatal para trabajar conjuntamente con el Poder Judicial de la entidad, el cual, dijo, resuelve el 24 por ciento del total de los juicios del país, respetando la autonomía de esta institución. Señaló que Conatrib cuenta con el respaldo de la administración estatal, para continuar avanzando en la modernización del sistema de justicia, tanto del país como de las entidades federativas, para que sea innovador y de calidad.

Por ello, en el Estado de México se trabaja con firmeza y decisión para que el sistema de justicia mexiquense sea uno de los más eficientes y modernos del país, y responda a las principales demandas que tiene la población que es seguridad y procuración de justicia. También reconoció los aportes de la Conatrib, como su colaboración en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, en la elaboración del Código Nacional de Procedimientos Penales y en las reformas en materia de justicia cotidiana. Así que ahora el reto de los Poderes Judiciales estatales es consolidar estas reformas constitucionales, para lograr que la impartición de justicia sea más eficiente.

Por su parte, Sergio Medina, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y presidente entrante de la Conatrib, para el periodo 2017-2019, destacó que en su gestión se trabajará para consolidar temas de justicia cotidiana, como la reforma laboral; la oralidad familiar, civil y mercantil; ajustes al nuevo Sistema Penal Acusatorio, reformas en el tema de la justicia alternativa y restaurativa.

jueves, 21 de enero de 2016

La Cámara de Diputados fomenta la impunidad entre funcionarios públicos

Agencia MANL

México, D.F.- Los diputados Omar Ortega Álvarez y Rafael Hernández Soriano han solicitado en varias ocasiones a la Comisión de Gobernación así como a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, información relativa al proceso que guardan los expedientes relativos a las solicitudes de Juicio Político en contra de diversos funcionarios de la Administración Pública Federal, siendo las más recientes las presentadas por el Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD).

Entre ellas las presentadas contra el extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, por las inconsistencias en el caso Ayotzinapa y contra el priista Javier Duarte, gobernador de Veracruz, por las repetidas violaciones a derechos humanos suscitadas en la entidad.

La exigencia es que se instale la subcomisión de examen previo de juicio político, misma que debe ser conformada por legisladores de la Comisión de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados.

Cabe señalar, que la Secretaría General ha informado que se han recibido más de 300 solicitudes de juicio político durante esta y las pasadas legislaturas, y que ha transmitido ya a la Presidenta de la Comisión de Gobernación, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, una comunicación en dónde le pide hora y fecha para hacer la entrega de los expedientes de juicio político en respuesta a un Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Omar Ortega.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD ha solicitado reiteradamente a la Presidenta de la Comisión de Gobernación a través de varias comunicaciones verbales y una escrita, la conformación de la Subcomisión de Examen Previo que debió quedar conformada, según el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, desde el momento de la instalación de las propias Comisiones de Gobernación y Justicia.

martes, 13 de octubre de 2015

Comisión Jurisdiccional debe ser herramienta contra la impunidad



Agencia MANL

México D.F..- El fuero constitucional del que gozan los legisladores forma parte de las vetustas disposiciones jurídicas que necesitamos reformar de nuestro marco jurídico porque en muchas ocasiones suscita la impunidad en el servicio público e impide que los funcionarios que sean acusados por delitos penales, puedan responder ante la justicia por sus actos.

La Comisión Jurisdiccional debe fungir como el fiscal que reúne las pruebas acusatorias que se presentan en contra de los servidores públicos y delibera si la autoridad juridicial debe proceder o no penalmente en contra de los servidores públicos que están bajo proceso judicial.

Así lo expresó en entrevista el diputado Omar Ortega Álvarez, en el marco de la instalación de la Comisión Jurisdiccional esta tarde en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La inmunidad constitucional de la que gozan los servidores públicos actualmente evita que se haga justicia en casos en los que son acusados por haber cometido delitos graves.

Recordemos que la inmunidad constitucional le permitió por ejemplo a Oscar Espinoza Villareal evadir la aplicación de la justicia, ya que pese a que la Cámara de Diputados aprobó una declaración de Procedencia en su contra, tuvo tiempo suficiente para fugarse a Centroamérica y con ello evitó que se girara orden de aprehensión en su contra.

Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana también lograron evadir la aplicación de la justicia pues aunque la sección instructora aprobó la declaración de procedencia en su contra por el delito de desvío de fondos en el famoso PEMEXGATE, lograron frenar el dictamen en el pleno, son sólo algunos ejemplos, dijo.

El también dirigente del PRD en el estado de México, sostuvo que para su partido es prioridad insistir en la limitación del fuero de los servidores públicos para que los procesos penales se lleven a cabo de manera expedita y sin mecanismos dilatorios que fomenten la evasión de la justicia.

Ortega Álvarez, detalló que actualmente las sanciones que existen para los sujetos de juicio político consisten en destitución o inhabilitación del servicio público. Sin embargo, la Cámara en pasadas legislaturas ha recibido diversas solicitudes de juicio  político, pero que en los hechos están congelados todos los expedientes.

“Es necesario y obligatorio que la actual legislatura acate las disposiciones legales vigentes en materia de juicio político, las palabras nadie por encima de la ley, deben pasar a los hechos.”

El dirigente del Sol Azteca subrayó que como parte de esos pendientes están una solicitud de juicio político en contra del Gobernador de Veracruz y la que hace unas semanas presentó el Grupo Parlamentario del PRD  en contra del ex Procurador Jesús Murillo Karam originado a partir de las graves omisiones y contradicciones que encontró el Grupo de Expertos Internacionales que colabora con la PGR en la investigación del caso Ayotzinapa.

Para concluir, Omar Ortega sostuvo que una de las primeras tareas es la de instalar la subcomisión de Examen Previo de la Comisión Jurisdiccional y a la brevedad hacer públicas todas las solicitudes que le han sido turnadas.