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jueves, 16 de junio de 2022

Inhabilitación de Sandra Cuevas no es persecución política, asegura Morena


#Morena #CDMX 

Agencia MANL 

Ciudad de México.- Diputados del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad,  aseguraron  que la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que sancionó e inhabilitó por período de un año a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, al encontrarla responsable de abuso de funciones al cerrar el Deportivo Guelatao, no se trata de una persecución política.

En conferencia de prensa los legisladores Martha Ávila, Xóchitl Bravo, Guadalupe Chávez, Marcela Fuente, Marisela Zúñiga, Fernando Mercado y Janecarlo Lozano; así como el presidente de Morena en la CDMX, Tomás Pliega. 

El diputado Janecarlo Lozano dijo que la alcaldesa ha tenido un mal ejercicio gubernamental desde el día que tomó protesta al organizar una fiesta para al menos 500 invitados entre los que se encontraban funcionarios públicos y celebridades, así como al realizar eventos públicos en donde lanzó dinero pegado a pelotas.

“Recordemos que Sandra Cuevas se convirtió en una delincuente confesa al aceptar que había torturado y robado a los elementos de la policía auxiliar. Le pedimos una disculpa a los habitantes de Cuauhtémoc que hoy en lugar de tener un gobernante tienen a una mujer al frente de la alcaldía que ha violentado de manera sistemática.”

“Decía en la mañana el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, que Sandra Cuevas no estaba sola. Claro que no está sola, son la misma pandilla de delincuentes, se conducen de la misma manera estando por encima de la ley en sus alcaldías”, dijo Lozano. 

El legislador destacó que hace aproximadamente tres meses presentaron una denuncia de una red de al menos 50 personas en las alcaldías de oposición en donde se comprobó que los puestos directivos los ocupaban sus familiares ganando un sueldo de hasta 70 mil pesos mensuales.

Agregó el caso del periodista Carlos Alazraki quien fungía como subdirector en la alcaldía Cuauhtémoc y que sin presentarse a trabajar, comprobado en contraloría, se le pagaban 40 mil pesos al mes.

“Decía el alcalde de Miguel Hidalgo que dejemos de estar chingando, vamos a decirle que desde el Congreso de la Ciudad vamos a seguir chingando y vamos a seguir exponiendo cómo tienen a sus familiares en posiciones clave y posiciones de direcciones dentro de las alcaldías.”

“Nosotros no le tenemos miedo (a Sandra Cuevas), no le tenemos miedo a su clara alianza con el crimen organizado, con el grupo delincuencial Unión (de Tepito) que la acompañan en sus recorridos y en sus comparecencias públicas. En esta ciudad se acabaron los tiempos en donde las alcaldesas, alcaldes, diputadas y diputados estaban por encima de la ley”, dijo.

Finalmente el diputado aseguró que dentro del grupo de Morena se seguirán rigiendo bajo el principio de honestidad y conforme a la ley, por lo que si algún servidor se comportara de manera impropia sería removido de su puesto.

martes, 26 de agosto de 2014

Demandan inhabilitación de funcionarios que autorizaron el baile en la 30.30


Agencia MANL

Ecatepec, Méx.- Carlos Mata Martínez, abogado defensor de Jorge Alejandro Sánchez Carbajal, señaló que el presidente municipal, Pablo Bedolla López, y el secretario del ayuntamiento, Sergio Diaz Hernández, extendieron y firmaron un permiso para un baile masivo en un predio improvisado y sin condiciones de seguridad.

Representantes legales del policía municipal Jorge Alejandro Sánchez Carbajal, imputado por el caso  del baile popular en la explanada de la 30-30 en Ecatepec de Morelos, ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer las irregularidades en las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría de Justicia del Estado de México para fincar responsabilidades a su representado.

Mata Martínez, señaló que la Procuraduría de Justicia del Estado de México les entregó la carpeta de investigación  344610550618314 con un gran número de páginas en blanco y otras totalmente ilegibles, donde les es imposible conocer el expediente integro.

Explicó que la Procuraduría no les ha permitido el acceso al video de seguridad, por lo que pedirán al legislador Octavio Martínez Vargas solicite al Procurador les entregue completo el video para que puedan ver exactamente la hora en la que se hicieron los disparos y cómo sucedieron los hechos.

Refirió que en la carpeta de investigación se manifiesta que no había permiso para venta de bebidas alcohólicas al exterior del inmueble, ¿"por qué no había gente de Normatividad del municipio supervisando que la venta de alcohol no existiera?" se encontraron al menos más de mil botellas de bebidas embriagantes tiradas en todo el predio.

Asimismo, dijo, solicitarán que inhabiliten a los servidores públicos que otorgaron el permiso para la realización del baile, y a quiénes no se hicieron responsables por la venta de bebidas que se expendieron en el interior del inmueble.

Expresó que lo que están manipulando como estampida, no existió, fue una mala organización de la empresa Skalona Records que no contempló una salida amplia para los miles de asistentes que acudieron al evento y al final las personas buscaron otro acceso de salida, algunos saltaron la barda y ésta colapso por la misma presión de la gente.

Al revisar el expediente dijo que descubrió que la Procuraduría encontró en el sitio  tres casquillos percutidos, dos corresponden al arma de cargo de 9 milímetros de su defendido y otro casquillo de arma 38 súper (calibre propio de revolver) se localizó a más de 30 metros de ese lugar, cerca de donde colapso la barda.Refirió que en la carpeta de investigación se manifiesta que no había permiso para venta de bebidas alcohólicas al exterior del inmueble.

Subrayó que llama la atención que una de las víctimas fue encontrada con los pantalones y las pantaletas en las rodillas, eso hace presuponer que hubo actos violentos en el inmueble.

Finalmente aclaró que en la carpeta encontraron información de que la empresa Skalona Record pagó a los deudos 200 mil pesos por cada una de las víctimas, si la empresa ya pago la reparación del daño por 200 mil pesos, la familia la acepto y en ese momento otorgó el perdón, por qué la Procuraduría nos está imputando el hecho de recurso de homicidio, si ya está reparado el hecho de homicidio culposo.