Urgen cambios profundos al interior del Poder Judicial del Edomex

 

* Avalan en comisiones iniciativa de Ley Orgánica del Poder Judicial estatal con el fin de erradicar corrupción, impulsar transparencia y eficacia


* Ariel Juárez recordó a Ricardo Sodi, que hay miles de pobres e inocentes en las cárceles estatales


* Asegura Max Correa que digitalización administrativa en procesos administrativos y jurídicos del Poder Judicial es viable para contrarrestar actos irregulares y de corrupción

* Beatriz García se pronunció a favor de erradicar la corrupción de los juzgados estatales

#Edomex #PJEM #Toluca 

Agencia MANL 

Toluca, Méx, - A fin de erradicar la corrupción, impulsar la transparencia y garantizar procesos eficientes al interior de todas las áreas operativas del Poder Judicial del Estado de México, diputados del Grupo Parlamentario de Morena que participaron en las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales con Procuración y Administración de Justicia se pronunciaron a favor de la aprobación de la iniciativa que plantea una nueva Ley Orgánica para dicho Poder.

Ante Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial y autor de la propuesta de Ley, los diputados que impulsan la Cuarta Transformación en el Estado de México, Ariel Juárez Rodríguez, Beatriz García Villegas y Max Correa Hernández, coincidieron en señalar que urge realizar cambios profundos al interior de las estructuras del aparato judicial que tiene como principal tarea impartir justicia a las personas que por una u otra circunstancia se vieron envueltas en alguna situación jurídica y/o delictiva.

Durante la reunión de comisiones unidas, coordinadas por el diputado de Morena, Gerardo Ulloa, la propuesta de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, fue aprobada por unanimidad y el diputado Ariel Juárez, reconoció la disposición que tuvieron los titulares del Poder Judicial para sumar todas sus propuestas al proyecto de Ley; y les recordó que en el Estado de México la justicia solo es para los privilegiados que gozan de solvencia económica y pueden pagar abogados privados.

Por ello, adelantó el legislador que, en las próximas semanas presentará una iniciativa para trasladar el Instituto de la Defensoría de Oficio al Poder Judicial estatal. Movimiento administrativo y operativo que permitirá a los abogados de oficio, entre otros beneficios, contar con altos estándares de profesionalización, pero sobre todo de remuneración, similares a los del Poder Judicial.

Diputado local, Ariel Juárez

 Ariel Juárez recordó que en estos momentos hay miles de mujeres y hombres mexiquenses privados de su libertad injustamente, entre otros factores, por su precaria situación económica y porque son asistidos, jurídicamente, por abogados particulares sin escrúpulos que no sólo los hacen perder su libertad, sino también su patrimonio. 

Subrayó, el gobierno del Estado de México tiene la obligación de otorgar los instrumentos para que las personas se defiendan de manera eficaz y evitar que la pobreza se convierta en su principal obstáculo para obtener justicia.

“Hay persona que tienen miles de pesos para defenderse (de una acusación) y hay aquellos que no tiene para comer” y están encarcelados, subrayó Ariel Juárez a los diputados y titulares del Poder Judicial que asistieron a la reunión.

Legislador, Max Correa

Por su parte, el diputado de Morena, Max Correa Hernández, opinó que la digitalización administrativa e incursión de tecnología en los procesos administrativos y jurídicos del Poder Judicial es viable ya que de esa manera se contrarrestan actos irregulares y de corrupción.

Respecto a la Sala de Asuntos Indígenas y la respectiva Consulta a dicho sector de la población que se debe realizar, Max Correa, puntualizó que él estará muy pendiente del proceso de escucha a los pueblos indígenas originarios.

El Poder Judicial, sus “Jueces” y “Magistrados” deben empezar a reconocer la necesidad de mantener una profunda empatía con lo diferente, con los indígenas, porque no sólo se trata de tener traductores para atender los asuntos, sino del trato que se les otorga, expresó.

 Legisladora, Beatriz García Villegas

En tanto, la diputada de Amecameca, Beatriz García Villegas, le recordó a Sodi Cuellar que la institución que encabeza debe inspirar confianza y seguridad jurídica, pero desafortunadamente no es así porque al interior se registra un gran número de actos de corrupción, violación a derechos humanos (de no acceso a la justicia) y de situaciones que asemejan a un elefante reumático que no se quiere mover. 

Consideró que el fortalecimiento de la carrera judicial planteada en varios articulados de la iniciativa es positivo, ya que abona a que a los cargos claves del referido Poder estatal se designen a partir de méritos y de forma trasparente, lo que evitará la llegada de personas recomendadas y actos de nepotismo.

Durante el desarrollo de los trabajos Beatriz García, en su calidad de diputada asociada a la referida comisión, propuso añadir una fracción sexta al Artículo 193 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para sancionar a los Actuarios que abusan de manera permanente de su posición y solicitan dádiva a la persona que le otorgan servicio. 

“Es bien conocida la práctica de dar dinero a los Actuarios para que practiquen notificaciones personales a las partes, embargos u otras diligencias que se ordenan en el expediente. Es una práctica tan normalizada que no tiene ni sanción, ni repercusiones, tanto para quienes aceptan o reciben, como para quienes les ofrecen u otorgan, sea mala o de buena fe”, subrayó. 

Recordó que los Actuarios reciben sueldo y no deben pedir dinero o algún beneficio en especie, por lo que, si en verdad se quiere erradicar la corrupción, se debe establecer una sanción ejemplar.

La propuesta de la diputada Beatriz García fue rechazada por el mismo Ricardo Sodi bajo el argumento que la iniciativa de Ley que presentó ya contempla sanción penal para ese tipo de posibles conductas. Se prevé que la iniciativa sea turnada a la sesión del próximo pleno del Congreso para su análisis y debate por parte de los 75 integrantes del Poder Judicial.