Agencia MANL
Ciudad de México.- Por el uso discrecional y desvío de alrededor de 15 mil millones de pesos de la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro por parte de la dirigencia de Martín Esparza Flores, y que debieron reportarse a este gremio y a los 16 mil ex trabajadores que son socio, ex secretarios generales del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezados por Rosendo Flores Flores, alistan acciones legales en su contra.
Los dirigentes del Frente Amplio de Unidad (FAU) “Jorge Tapia Sandoval”, A.C. puntualizaron que esos recursos corresponden a los dividendos de la Generadora Fénix, creada en 2015 por el SME en asociación con la trasn loswacional portuguesa Mota Engil, que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto recibió 15 plantas hidroeléctricas y una termoeléctrica para su explotación por 30 años.
Con base en informes y documentos oficiales en poder de esta organización, Rosendo Flores, ex secretario General del SME y director Colegiado del FAU; Ramón Pacheco Llanes, presidente del FAU, así como Mario Benítez, comisionado de prensa y Rafael Chávez, de la comisión de Investigación del Frente, señalaron que entre 2016 y 2022 la empresa eléctrica ha obtenido ganancias por 32 mil 500 millones de pesos.
De este total de facturación por la venta de energía eléctrica, 40 por ciento corresponden al SME (13 mil millones de pesos), 51 por ciento a Mota Engil y 9 por ciento (2 mil 93 millones) a la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro, detalló Rosendo Flores, de acuerdo con los estados financieros y las cuentas consolidadas de Mota Engil.
Sin embargo, acusó que los socios de la cooperativa “han sido despojados de lo que les corresponde”, debido a que de los 2 mil 93 millones de pesos que tendría que reportar a la Cooperativa, sólo les han pagado 5 mil pesos anuales y que suman un total de 450 millones de pesos entre el periodo mencionado, 6.5 veces menos de la cantidad antes mencionada. Además, agregó, “han caído en manos de Martín” 13 mil millones de pesos, “no sabemos dónde está ese dinero, no se reporta, existe una gran opacidad”.
Por esta razón dijo que presentarán una demanda contra el actual dirigente del SME ante las autoridades correspondientes, debido a que esta situación afecta a todos los socios, además de que decenas de trabajadores que “están siendo excluidos de la repartición de los recursos” se han acercado al FAU y “hemos decidido respaldarlos para reclamar la distribución correcta del dinero y defender sus derechos”, aseguró el presidente Colegiado.
En conferencia de prensa, Rafael Chávez explicó que la Cooperativa se fondeó con 324 millones de pesos que aportaron los ex trabajadores de la extinta LyFC, “pero ya no existe un solo peso porque se encuentra en quiebra, de acuerdo con sus propios estados financieros”.
Indicó que mientras Martín Esparza y los 25 miembros del actual Comité Central del SME aparecen como socios en el acta constitutiva de Generadora Fénix, los más de 16 mil trabajadores fueron excluidos.
En su participación, Mario Benítez acusó que de esta manera Esparza Flores “es patrón y líder sindical simultáneamente, no es posible esta situación, es inadmisible y aún así la Secretaría del Trabajo, con Luisa María Alcalde, le otorgó la toma de nota”.
Benítez comentó que la demanda que presentarán se suma a la que presentaron por enriquecimiento ilícito y la red de corrupción que tejió con la creación de 40 empresas, y cuyos principales accionistas son su familia y su círculo cercano. Los nuevos documentos obtenidos por el FAU serán proporcionados a la Unidad de Inteligencia Financiera para engrosar la carpeta de investigación.
REVIVIR A LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
Por la tarde, los integrantes del Frente Amplio de Unidad realizaron un mitin a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para protestar en contra de su intención de aprobar una serie de amparos para proteger a las generadoras privadas.
Benítez indicó que lo anterior se trata a partir del proyecto que presentó el ministro Javier Laynez, lo cual –enfatizó– va en contra del decreto de la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021, lo cual representa un retroceso en la soberanía energética que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Acompañados de ex trabajadores de LyFC procedentes de las divisiones de Necaxa, Pachuca y Toluca, entre otros, así como integrantes de otros sindicatos, telefonistas y ex trabajadores de Mexicana de Aviación y la Ruta 100, se manifestaron en defensa de la industria eléctrica nacionalizada.
Pacheco Llanes planteó que se propondrá al gobierno federal la recuperación de la extinta LyFC, como en el caso de Mexicana de Aviación, debido a que 9 mil empresas contratistas de la Comisión Federal de Electricidad han quitado a los electricistas la materia de trabajo.
Además, lo que se busca resolver son los problemas ocasionados en la red eléctrica por el mal servicio y las condiciones que genera el trabajo por parte de los contratistas.
Durante la protesta multitudinaria, los dirigentes sindicales destacaron que mientras en 2008, el último ejercicio fiscal para LyFC, se le destinaron 29 mil millones de pesos de presupuesto federal y abastecer de energía a toda la Zona Metropolitana. Sin embargo, a la CFE le asignaron en 2020 un presupuesto de 237 mil millones de pesos, “porque tiene que pagar a las subsidiarias para la generación de energía”.
Además, Luz y Fuerza del centró recibía cada año 3 mil quejas por mal servicio, pero con CFE son un millón. Y respecto al robo de energía en 2018 ascendía a 7 mil 470 millones de pesos, pero en 2022 se incrementó a 17 mil 822 millones de pesos, detalló Benítez.
“El trabajo que veníamos desarrollando, en la actualidad lo desarrollan 9 mil empresas contratistas de CFE, generando con esto grandes pérdidas a la empresa, porque desde que se genera la orden de trabajo y se distribuye, se les da a las empresas trasnacionales, quienes a su vez subcontratan a empresas nacionales, y en ese proceso se refleja un problema de corrupción”, comentó.
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