Por Redacción | Agencia MANL
Toluca, Estado de México. – Con el reciente nombramiento de nuevos funcionarios estatales, el gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez busca enviar un mensaje de continuidad y renovación. Sin embargo, a dos años de su administración, persisten más dudas que certezas sobre el rumbo real del Estado de México.
La gobernadora designó a Carlos Brito Lavalle como Director del Sistema Mexiquense de Medios Públicos; a Armando González Zozaya como Director de Personal de la Oficialía Mayor; a Miguel Ángel Sánchez González como Director del Instituto del Deporte del Estado de México; a María Esther Rodríguez Hernández como Secretaria de las Mujeres; y a Mónica Chávez Durán como Oficial Mayor, quien anteriormente había encabezado la Secretaría de las Mujeres.
Aunque en los comunicados oficiales se destacan las credenciales académicas y experiencia profesional de los nuevos titulares, no se presentaron planes concretos de trabajo ni líneas claras de acción que permitan anticipar una mejora sustancial en las áreas que ahora dirigirán. En un contexto donde los resultados tangibles aún son limitados, estos cambios generan más inquietudes que confianza. La ciudadanía necesita saber si estos nombramientos responden a una estrategia real de fortalecimiento institucional o si son solo ajustes administrativos sin impacto profundo, orientados más por intereses políticos que por méritos técnicos.
En el caso del Instituto del Deporte, por ejemplo, se desconoce qué diagnóstico tiene el nuevo titular sobre el abandono en infraestructura deportiva en municipios con alta marginación. En medios públicos, el reto no es menor: garantizar pluralidad, independencia editorial y un verdadero servicio informativo para 17 millones de mexiquenses. Mientras tanto, la Secretaría de las Mujeres, que había sido encabezada por Chávez Durán, pasa a manos de una docente de formación científica, lo que despierta dudas sobre su experiencia en políticas públicas de género, especialmente en un estado con once municipios en alerta por violencia.
Más allá de los cambios en el gabinete, los cuestionamientos más serios apuntan al balance de estos primeros dos años de gobierno. La administración estatal ha difundido cifras optimistas sobre disminución de la pobreza y mejora en recaudación, afirmando que casi 2 millones de personas han salido de la pobreza y que se alcanzó un récord histórico de ingresos estatales por 354 mil millones de pesos. No obstante, estas cifras requieren mayor detalle técnico y validación independiente. ¿Cuál fue el método de medición de pobreza? ¿Qué tipo de ingresos aumentaron y a costa de qué sectores?
En materia de seguridad, el gobierno ha presumido reducciones en delitos de alto impacto, pero muchas de estas estadísticas contrastan con la percepción de inseguridad en las calles, particularmente en municipios como Ecatepec, Chimalhuacán y Naucalpan. A esto se suma una gestión deficiente de problemas estructurales como el agua, el transporte público y la atención a desastres naturales. Comunidades afectadas por inundaciones, desabasto y falta de drenaje siguen esperando respuestas.
El sistema de salud pública, una de las áreas más sensibles, presenta inconsistencias preocupantes. La transición al modelo IMSS‑Bienestar ha generado confusión, y se reportan carencias graves en medicamentos, equipo médico y personal en varios hospitales del estado. La situación es aún más crítica en zonas rurales, donde los servicios de salud siguen siendo prácticamente inexistentes.
Organizaciones sociales, como el Movimiento Antorchista y colectivos comunitarios, denuncian que han entregado pliegos petitorios con demandas básicas—alumbrado, seguridad, drenaje, agua potable—sin obtener respuesta. Estas denuncias revelan un problema de fondo: la falta de interlocución real entre el gobierno estatal y la sociedad civil organizada. A pesar del discurso oficial de transformación, miles de familias mexiquenses siguen sin ver un cambio significativo en sus condiciones de vida.
Aunque la gobernadora mantiene una aprobación superior al 60% según algunas encuestas, este respaldo podría debilitarse si la narrativa oficial no se traduce en acciones contundentes. Hasta ahora, los resultados siguen siendo fragmentados, las estrategias poco claras y la rendición de cuentas insuficiente. La ciudadanía espera más que discursos: necesita soluciones.
Los nuevos nombramientos pueden representar una oportunidad de corregir el rumbo, pero solo si vienen acompañados de transparencia, metas medibles, resultados verificables y voluntad política para atender a los sectores históricamente ignorados. De lo contrario, estos cambios podrían ser solo una simulación más en una administración que prometió transformar al Estado de México, pero que hasta ahora no ha logrado romper con la inercia de los gobiernos anteriores.
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