LXII Legislatura del Edomex: sin medición de impacto ni rendición de cuentas efectiva en 2025

 

Por Editorial Agencia MANL

Toluca, México, 2025. A pesar del alto volumen de iniciativas aprobadas durante 2025, la LXII Legislatura del Estado de México enfrenta críticas por una de sus principales omisiones: la falta de evaluación del impacto real de las leyes aprobadas y la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas que permitan medir resultados sociales tangibles.

Según informes legislativos, en lo que va del año se han registrado más de mil iniciativas, de las cuales alrededor del 50% fueron aprobadas. Sin embargo, no existen indicadores públicos sistemáticos que permitan saber si estas reformas han generado mejoras medibles en seguridad, bienestar social, transparencia o desarrollo económico.

Un claro ejemplo se observa en el ámbito de la seguridad pública. Si bien el Congreso aprobó reformas al marco legal y al Código Penal, los legisladores no han presentado evaluaciones posteriores que relacionen dichas modificaciones con una disminución verificable de la delincuencia. En 2025, la percepción de inseguridad en el Estado de México se mantiene por encima del 60 %, según encuestas oficiales, sin que la Legislatura haya solicitado informes de impacto derivados de sus reformas.

En materia de transparencia, la Legislatura promovió cambios regulatorios y debates para una nueva ley estatal; sin embargo, no se han publicado reglas claras ni métricas de monitoreo, lo que ha generado preocupación entre los especialistas. Durante 2025, la Contraloría de la Legislatura interpuso aproximadamente 380 quejas administrativas, y cuatro de cada diez se relacionaron con omisiones en la atención de solicitudes ciudadanas, lo que evidencia fallas internas en la rendición de cuentas.

No

En materia de derechos sociales, varias reformas elevaron programas a rango constitucional, pero no se acompañaron de indicadores presupuestarios ni metas verificables. Hasta la fecha, el Congreso no ha presentado informes que demuestren mejoras concretas en el acceso a la vivienda y los servicios, ni la reducción de las brechas sociales derivadas de estas leyes.

En el ámbito económico, si bien se han aprobado disposiciones en materia fiscal, desarrollo territorial y gasto público, no existen evaluaciones legislativas que vinculen estas reformas con la generación de empleo, la inversión o el crecimiento económico durante 2025.

La ausencia de mediciones de impacto, informes periódicos y mecanismos de seguimiento coloca a la LXII Legislatura ante un reto central: transformar la producción regulatoria en resultados verificables, evitando que las leyes se queden solo en el papel.

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