Exigen a la SCJN iniciar proceso penal contra Alejandra del Moral Vela

 * La candidata de la coalición "Vamos por el estado de México" no cumplió con la sentencia de la Controversia Constitucional 66/2005

#Edomex #CDMX #SCJN #PIDH #FMVD

Agencia MANL

Ciudad de México.- El fundador del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna (FMVD) y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) dio a conocer que la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral Vela, cuando fue alcaldesa de Cuautitlán Izcalli no cumplió con la sentencia de la Controversia Constitucional 66/2005 y cometió un desacato, por lo que solicitó formalmente a los 10 ministros de la Suprema Corre de Justicia de la a Nación (SCJN) con documentos probatorios se le inicie un procedimiento penal y administrativo por incumplir la sentencia.

José Humbertus Pérez, explicó en un una síntesis la Controversia Constitucional, el Juicio de Amparo y la Acción de Inconstitucionalidad 0 parte de los tres principales medios de control constitucional, conocidos como el Bloque Concentrado del Control Constitucional, sus resoluciones y sentencias deberán ser cumplidas y ejecutadas, de no realizar este cumplimento, los servidores públicos son sujetos para que la presidenta de la SCJN Magistrada Norma Lucia Piña Hernández inicien los recursos de responsabilidad penal y administrativa.

Para los Ministros que componen el Pleno de la SCJN han señala los efectos que tienen al declarar la inconstitucional (invalidez) de una Norma General mediante una sentencia dictada en una Controversia Constitucional, al respecto el Tribunal Constitucional señala claramente los efectos de este medio de control constitucional y lo definen de la siguiente manera “Que la norma general declarada inconstitucional deja de tener vigencia, es decir que no vuelva aplicarse, La decisión de inconstitucionalidad que emite la SCJN como Tribunal Constitucional, tiene efectos para toda la sociedad. Para que las personas tengan conocimiento de lo anterior, se publica la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y en el órgano oficial en que dicha norma se hubiere publicado”.

"Es claro que la sentencia de la Controversia Constitucional 66/2005 no se cumplió por parte de la ex presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli Alejandra del Moral Vela, del Gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto y por la Titular de la SEDUVI Marcela Velasco González, porque más allá de que si enviaron y notificaron al Presidente de la SCJN que se cumplió y ejecuto la sentencia, tenía que haber publicado las misma en la Gaceta del Gobierno del Estado de México y hasta la fecha no se ha publicado la citada sentencia", señaló.

Pero las documentales públicas que expidió y presentó la SEDUVI en el Recurso de Recurso de Revisión Número: 01127/INFOEM/IP/RR/2012, acreditan que nunca se ha dado cumplimiento a la Sentencia de la Controversia Constitucional 66/2005 y por tal motivo no existen en los archivos del Sujeto Obligado el documento u oficio que confirmara el cumplimiento de la sentencia y enviado al Presidente de la SCJN, por parte del titular del Ejecutivo del Estado de México y de la Titular de la SEDUVI, ya que es un documento de interés público y recae dentro de las acciones que tomo la Secretaria para cumplir con la sentencia.

Los Acuerdos de Autorización de Conjuntos Urbanos expedidos después del 2005 para la Construcción de los Conjuntos Habitacionales Urbi Quinta Montecarlo y Urbi Hacienda Balboa ubicados en el Municipio de Cuautitlán Izcalli son inconstitucionales por las Ilícitas licencia del uso de suelo y por el Acuerdo Sexto en donde se otorgan el dinero o las fianzas para la autorización de sus construcción a favor del gobierno del Estado de México por un valor del 100% del su valor y para garantizar la entrega de las obras de urbanización y equipamiento.

Este citado Acuerdo Sexto es inconstitucional toda vez que se tienen que restituir este dinero o las fianzas al municipio tal y como lo señaló el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en la sesión del 14 de octubre de 2008 y al respecto dijo

“…el señor ministro Aguirre Anguiano manifestó́ su coincidencia con lo expuesto por el señor ministro Góngora Pimentel; y sugirió́ que, con fundamento en los artículos 115, fracción IV, constitucional, y 5.44, fracción X, del Código Administrativo del Estado de México, se ordene que las autoridades que hayan recibido dinero con motivo de la autorización del conjunto urbano lo restituyan al municipio, incluso con las consecuencias legales de la retención;

Como presidenta de Cuautitlán Izcalli Paulina Alejandra del Moral simuló el acta de entrega recepción de los Obras de Urbanización del Conjunto Urbi Hacienda Balboa, el acta señala que se entregan de manera parcial 26,129.53 M2 de obras de urbanización, cuando en realidad lo que se entrego son obras de infraestructura primaria consistente en vialidades y esto se acredita en la página 3/7 de la Acta de Entrega Parcial de fecha 3 de diciembre de 2009, concretamente en los párrafos: 10, 11 y 12 se señala lo siguiente:

“CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS QUE SE RECIBEN:

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PARCIAL”).

A detalle, Pérez Espinoza, señala que las calles que se entregan son: Paseo Hacienda Balboa, desde el acceso en la Av. Teotihuacán hasta Hacienda Pamplona, Hacienda Aragón, Hacienda Ávila, Hacienda Extremadura, Hacienda, Lanzarote y Hacienda La Concordia, con una superficie Vial de 26,129.53 M2, indicada en el aviso de terminación de obras; integradas por las manzanas 1 al 8, quedan pendientes 13,122.71 M2.”.

Es importante señalar que si se suman la cantidad de 26,129.53 M2 más los 13,122.71 M2 que quedaban según pendiente de entregar la obras de urbanización, estas cantidades dan como resultado 39,252.24 M2 de superficie de vías públicas que se autorizaron en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 10 de mayo de 2006.

Las obras de urbanización que simularon fueron entregadas el 3 de diciembre de 2009 a Paulina Alejandra del Moral Vela son: Red de distribución de agua potable hasta la toma domiciliaria y los sistemas que se emplearán para el ahorro, reúso y tratamiento del agua, Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su manejo y tratamiento, así como para infiltración del agua pluvial al subsuelo, Red de distribución eléctrica y Red de alumbrado público.

La obras de urbanización hasta el día de hoy no han sido entregadas y municipalizadas, pero Paulina Alejandra del Moral Vela es la responsable por haber legitimado y devuelto a la empresa constructora las fianzas para garantizar las obras de urbanización por la cantidad de $115,598,650.00 pesos, sin las obras de urbanización y la falta de municipalización no se tenían porque haber vendido las 1049 viviendas y muchos menos haber protocolizado ente notarios públicos los contratos de compra venta y los contratos de interés y garantía hipotecaria.

Pero además quien niega la simulación del acta de entrega recepción de fecha 3 de diciembre de 2009 de las obras de urbanización, es la autorización que le dieron a la empresa Promoción y Desarrollo Urbi de un plazo perentorio y es la documental pública de fecha 4 de febrero de 2011 y donde se “concede plazo perentorio para la terminación de las obras de urbanización y equipamiento del conjunto urbano “Urbi Hacienda Balboa” y plazo perentorio fue del 4 de febrero de 2011 al 31 de junio de 2011.

El líder social cuestiono que "Entonces ¿Cómo se puede entregar y recibir por parte de Paulina Alejandra del Moral Vela la obras de urbanización en el acta simulada de fecha 3 de diciembre de 2009, si del 4 de febrero de 2011 al 31 de junio de 2011 se le otorgó un plazo perentorio a la constructora terminar y entregar las obras de urbanización?".

Quien niega y acredita, advirtió, el acta simulada del 03 de diciembre de 2009 que avaló Paulina del Moral Vela, es la documental pública con numero de oficio 224024000/057/2011 de fecha 4 de febrero de 2011 de la autorización del plazo perentorio y firmada por los directores Arquitecto Gilberto Herrera Yánez director de Operación Urbana y Arquitecto Marco Antonio Sánchez Mena director técnico para Autorizaciones Urbanas de la secretaria de Desarrollo Urbano.

Pero lo más grave de Paulina Alejandra Vela del Moral es el incumplimiento a la Controversia Constitucional 66/2005 y desacatar lo ordenado por 11 ministros de la SCJN y sobre todo porque no exigió la devolución de los recursos de las fianzas, tal y como lo ordenaron los Ministros de la Suprema Corte desde la ejecutoria de la Controversia Constitucional a partir del 14 de octubre de 2008, por lo que las averiguaciones previas no han prescrito del fuero común AP AV/PRE/11/14/2011 radicada en la FGJEM y del fuero federal AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XV/32/2011radicada en la FGR.

La presidenta de la SCJN Norma Lucia Piña Hernández tiene que aplicar a nuestro favor como víctimas de diversos delitos el respeto a nuestros derechos humanos y aplicar el principio pro homine, dándonos la protección más amplia, y máxime que el Conjunto Urbano Urbi Hacienda Balboa se construyó en un Ejido denominado Tultitlán y Sus Barrios, perteneciente al Municipio de Tultitlán y no a Cuautitlán.

Es decir, nunca se concluyó los problemas de límites de propiedad ejidal y aún así construyeron el citado Conjunto Urbano, la ex presienta municipal antes de recibir y simular el acta de entrega del 03 de diciembre de 2009, tuvo el conocimiento que decepcionaba o recibida un bien inmueble que no pertenecía al Municipio de Cuautitlán Izcalli.

Carlos Carreño, víctima del Cartel inmobiliario en Cuautitlan Izcalli, Edomex

Agencia MANL

* Se unio al FMVD para recuperar su casa ante el abuso

* Reconoce que hay que pagar cuotas por el proceso legal que se sigue

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Cuautitlan Izcalli, Méx.- Carlos Carreño, del fraccionamiento Urbi Hacienda Balboaes víctima del Cartel Inmobiliario en el Estado de México y se unió a la lucha del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna (FMVD) con el fin de recuperar su patrimonio, tras conocer la ilegalidad de cómo se construyó su vivienda y sin ninguna consideración ni notificación le fue arrebatada mediante el desalojo.

Carlos Carreño, del fraccionamiento Urbi Hacienda Balboa, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

MAS INFORMACIÓN EN: 
https://cartelinmobiliarioenelestadodemexico.blogspot.com

Como alcaldesa, Alejandra del Moral, colocó en en indefensión a miles de familias

* Simuló la entrega de obras en conjuntos urbanos de Izcalli

* La candidata del PRI-PAN-PVEM-NA enfrenta dos denuncias; una del fuero común y federal 

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Estado de México.- Como alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, Alejandra del Moral, enfrenta dos  averiguaciones previas que no han prescrito; una del fuero común AV/PRE/11/14/2011 radicada en la FGJEM y otra del fuero federal AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XV/32/2011 radicada en la FGR por simular la entrega de obras de urbanización para conjuntos urbanos, y devolvió las fianzas por 115 millones de pesos a particulares y constructoras, a pesar de que no cumplieron con la ley en la materia, en perjuicio de más de mil familias del municipio que gobernó de 2009 a 2012, informó José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C..

En conferencia de prensa, el presidente de la organización precisó las anomalías que cometió la hoy candidata del PRI-PAN-PRD a la Gubernatura, cuando fue presidenta municipal, incurrió en una situación por demás grave que es el incumplimiento a la Controversia Constitucional 66/2005 y desacatar lo ordenado por 11 ministros de la SCJN,  sobre todo porque no exigió la devolución de los recursos de las fianzas, tal y como lo ordenaron los ministros de la Suprema Corte desde la ejecutoria de la Controversia Constitucional a partid del 14 de octubre de 2008

Sin embargo, avaló el fraude contra 1049 familias del Conjunto Urbi Hacienda Balboa por la constructora “Promoción y Desarrollo Urbi” y las hipotecarias como Hipotecaria Bancomer, Banorte, Hipotecaria Su Casita.

“La responsabilidad de Alejandra del Mora está acreditada en el delito del fuero común de fraccionadores y el del fuero federal por peculado, por haber legitimado y devuelto a la empresa constructora las fianzas para garantizar las obras de urbanización por la cantidad de $115,598,650.00 pesos”, denunció el activista.

Como presidenta de Cuautitlán Izcalli, Alejandra del Moral simuló el acta de entrega-recepción de los Obras de Urbanización del Conjunto Urbi Hacienda Balboa, el acta señala que se entregan de manera parcial 26,129.53 M2 de obras de urbanización, cuando en realidad lo que se entregó son obras de infraestructura primaria consistente en vialidades, como se acreditó en el Acta de Entrega Parcial de fecha 3 de diciembre de 2009.

En este sentido, el diputado Faustino de la Cruz, integrante de la Comisión de de Desarrollo Urbano de la Legislatura local, afirmó que estas denuncias prueban que desde hace décadas los gobiernos del PRI han acordado y negociado con las inmobiliarias, a cambio de la entrega de dinero “de manera subterránea” avalando la corrupción y condonando las obras o simplemente recibiendo obras de baja calidad, en perjuicio de miles de condóminos

“Es importante que la ciudadanía este 4 de junio se manifieste, para un gobierno del cambio y que la Secretaría de Obras y desarrollo Urbano revise todo lo relacionado al cumplimiento de las inmobiliarias y desde luego todo lo que tenga que ver con el manejo de los convenios y acuerdos que se hayan tenido en materia de desarrollo habitacional en el Estado de México”, señaló el representante popular.

De acuerdo con las denuncias penales que presentaron en su momento los afectados en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las obras de urbanización que simularon entregar el 3 de diciembre de 2009 a Alejandra del Moral son: red de distribución de agua potable hasta la toma domiciliaria y los sistemas que se emplearán para el ahorro, reúso y tratamiento del agua, red separada de drenaje pluvial y sanitario, y los sistemas para su manejo y tratamiento, así como para infiltración del agua pluvial al subsuelo, red de distribución eléctrica y red de alumbrado público.

“Esos conjuntos urbanos no se entregaron porque está demostrado que las actas entrega no se realizaron, no se tenían porque haber hecho los contratos de compra-venta, ni de garantía hipotecaria cuando los recursos venían de Sociedad Hipotecaria Federal, por eso el delito es peculado, porque ella sabiendo que los recursos venían de la federación, no puede permitir que un particular deje al municipio en estado de indefensión y es parte del delito de servidores públicos”, subrayó el activista José Humbertus Pérez.

Detalló que la documental pública del 4 de febrero de 2011, con número de oficio 224024000/057/2011, dio un plazo perentorio a la empresa Promoción y Desarrollo Urbi para la terminación de las obras de urbanización y equipamiento del conjunto urbano “Urbi Hacienda Balboa” del 4 de febrero de 2011 al 31 de junio de 2011, firmada por los directores Arquitecto Gilberto Herrera Yánez, Director de Operación Urbana y Arquitecto Marco Antonio Sánchez Mena, Director Técnico para Autorizaciones Urbanas de la Secretaria de Desarrollo Urbano. 

“Entonces ¿Cómo se puede entregar y recibir por parte de Paulina Alejandra del Moral Vela las obras de urbanización en el acta simulada de fecha 3 de diciembre de 2009, si del 4 de febrero de 2011 al 31 de junio de 2011 se le otorgó un plazo perentorio a la constructora para terminar y entregar las obras de urbanización?”, denunció el dirigente del Frente.

El fraude inmobiliario en Edomex se originó a partir de SHF

* Al igual que en todo el pais

* Magistrados y jueces permiten el despojo de viviendas 

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Estado de México.- Jueces y magistrados del fuero federal permiten el despojo de viviendas en los estados de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, principalmente en la entidad mexiquense, violando los criterios del Poder Judicial de la Federación, utilizando una jurisprudencia del 2019 de manera retroactiva, así lo denunció José Humbertús Pérez Espinoza, fundador del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C..

Recordó que las sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles) otorgaron préstamos hipotecarios sobrevaluados en 50 por ciento entre 1999 y 2012 con el aval de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), ante lo cual existe una denuncia penal desde febrero del 2011 en la FGR, antes PGR, contra Javier Gavito Mohar y Luis Ignacio Joaquín Torcida Amero, ex directivos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) por fraude genérico, peculado, lavado de dinero, delito de fraccionadores inmobiliarios, entre otros.

El FMVD, explicó, acreditó el 19 de marzo de 2009, en las denuncias UEIDFF/FINM/06/173/2009 y PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XII/20/2010) delitos cometidos que se plasmaron mediante contrato por las desarrolladoras de vivienda tales como Promotora de Viviendas Integrales y de Desarrolladoras, Urbi Desarrollos Urbanos, Homex, Geo, Ara y Sadasi, entre otras.

Por lo anterior, la Fiscalía General de la República (FGR), explicó, tenía que haber acordado desde 2010 la suspensión de los procesos civiles y mercantiles, porque las casas y los créditos se encuentran en un proceso penal, y no obstante que se cometieron estas conductas, ahora simulan actos jurídicos “nos demandan por la vía civil o mercantil para quitarnos nuestras viviendas”.

José Humbertus, explicó que el FMVD ya hizo de su conocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los desalojos ilegales que están cometiendo los jueces y magistrados federales, así como también los jueces y magistrados del Poder Judicial de los Estados de la República. a partir de la jurisprudencia: REMATE JUDICIAL, LA ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN NO CONSTITUYE UN REQUISITO PREVIO PARA QUE SE PONGA AL ADJUDICATARIO EN POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE, la cual no se puede aplicar de manera retroactiva cuando los juicios civiles y mercantiles se iniciaron antes del julio de 2019, fecha en que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación.

Además, Pérez Espinoza, destacó que no se cumple la figura de la venta perfecta en los casos cuando las hipotecarias “principalmente” Patrimonio, Bancomer, Santander, administradoras de cartera “que nos demandaron se adjudicaron en el remate de nuestras viviendas, (utilizando la jurisprudencia después de julio de 2019), mediante una sesión honorosa o venta de derechos litigiosos ejecutan los desalojos con terceros”.

Lo anterior, dijo, es un delito o fraude procesal, y las policías municipales son sorprendidas por el desconocimiento de la ley, como en el caso de Tecámac, en el estado de México, la Guardia Civil acompaña a realizar los desalojos ilícitos, ordenados por el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, mediante juicios mercantiles, utilizando la jurisprudencia del 2019 con lo que violan los criterios del Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, asegura que los Jueces de Distrito y Magistrados Federales deben resolver a favor de los que adquirieron los créditos de las viviendas y darles la razón jurídica en el derecho del tanto, o sea la posibilidad jurídica que le da la ley a un copropietario para adquirir, en igualdad de circunstancias, respecto de cualquier tercero. “Este derecho tiene supremacía constitucional para que podamos liquidar los créditos hipotecarios como lo ha propuesto los dueños del dinero o dueños de las hipotecas que es SHF”, concluyó.

Sigue el fraude inmobiliario federal

 

* SHF proporcionó pruebas contra funcionarios 

#Edomex #CDMX #SHF #PIDH #FMVD #Banobras 

Agencia MANL 

Estado de México.- Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director de SHF malbarata la cartera vencida de los créditos hipotecarios en la entidad mexiquense, y en distintos estado del país, porque con subastas simuladas, se vendieron miles de casas al 14% , entre 50 y 70 mil pesos, cuyas pruebas fueron proporcionadas por Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

El fundador del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna A.C., José Humbertus Pérez Espinosa, dio a conocer que SHF proporcionó información que comprueba que se vendieron en subastas paquetes a administradoras de créditos y portafolios e inmobiliarias, SOFOLES y SOFOMES. "La propia SHF les otorgó créditos a los adquirientes de la cartera que se simuló para la “subasta” como en los casos de Desetec, Amaral y Zendere, entre otros".

El economista explicó que durante los últimos 18 años, la política hipotecaria de México se basó en la constitución y creación del Banco de Desarrollo, conocido como Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) sus tres últimos directores: Guillermo Babatz Torres (2001-2007) Javier Gavito Mohar (2007-2012) y Jesús Alberto Cano Vélez (2012-2018).

El ex prisionero de conciencia refiere que aplicaron cuatro criterios que imposibilitaron el éxito de la política hipotecaria y aplicaron: 1. Corrupción, 2. Rescates financieros, 3. Endeudamiento y 4. Creación de fideicomisos.

"Estos cuatro criterios han sido la columna vertebral del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción y exhibir el saqueo de la economía nacional durante los gobiernos neoliberales, y el caso específico de 18 años de fracasos en la política de vivienda en México que tuvo un costo de aproximadamente $1 billón 300 mil millones de pesos", denunció Pérez Espinosa.

Jorge Alberto Mendoza Sánchez, pertenece al grupo de los 10 hombres más ricos del estado de Nuevo León, y concretamente, a los hermanos: César Manuel Gutiérrez Muguerza, José Manuel Gutiérrez Muguerza e Ignacio Javier Farías Camperos, quienes han sido protegidos por el actual director de SHF, al igual que a las empresas Patrimonio y Tertius. "Son las únicas hipotecarias y administradoras que han sobrevivido a la crisis hipotecarias desde el 2008 y a la debacle de la vivienda en México.

Existe, dijo, una prueba plena de cómo Jorge Alberto Mendoza Sánchez a petición de la Fiscalía General de la República, en la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/ M-XV/32/2011, habilitó como apoderado legal de SHF a Guillermo Mendoza Villalba, quien presentó un escrito el 30 de julio del 2019. 

En dicho documento señala que Gabriela Gurrea Martínez o (Daniella Gurrea Martínez) no ha sido empleada de SHF, sin embargo, nosotros demostramos desde el 2014 por medio de transparencia que Daniella Gurrea Martínez ingresó a SHF el 16 de julio del 2004 y renunció el 1º de enero del 2014 con un sueldo de $105,053 y se desempeñaba como Directora General Adjunta de Operaciones Crediticias de SHF y su nombramiento se lo otorgó Guillermo Enrique Babatz Torres Ex Director de SHF.

Finalmente, señaló, la FGR no ha dado respuesta a la denuncia penal que presentamos el 18 de octubre del 2017, y es por eso que hace unas semanas se presentó una nueva denuncia penal en contra de los funcionarios de SHF y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no han dado cumplimiento a los cuatro principios que estableció López Obrador en el combate a la corrupción: 1. investigar todo acto de corrupción, 2. no rescatar a ninguna persona física o moral, en este caso, hipotecarias y constructoras, 3. no endeudarse, y 4. no crear fideicomisos para desviar miles de millones de pesos de recursos federalesYa 

Brasil Acosta es acusado de fraude a través de la Fundación “Un Paso Más Por México”

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Texcoco, Méx.-  La Procuraduría General de Justicia del estado de México citó al dirigente de Antorcha Campesina y candidato del PRI a la presidencia de Texcoco, Alberto Brasil Acosta Peña  a las instalaciones de la sub Procuraduría General de Justicia del estado de México, con sede en esta localidad para comparecer en la mesa 5 del ministerio público para deslindar responsabilidades por los actos fraudulentos de la Fundación “Un Paso Más Por México” vinculada a antorcha campesina y acolhúa.

Al filo de las 12:30 horas el líder de antorcha acudió a las instalaciones de la PGJEM donde se manifestaron al menos 250 personas defraudadas por esa Fundación, para exponer sobre la vinculación de esa Fundación con la asociación Acolhúa y la organización Antorcha Campesina.

No obstante no se permitió el acceso a sitio donde rindió su declaración, en tanto los vecinos de los municipios de Chimalhuacán, Texcoco y Atenco, que fueron defraudados por la Fundación “Un Paso Más Por México” exigen castigo a los responsables y piden ampliar la investigación para “desenmarañar y poner al descubierto como operan estás organizaciones fantasmas que crea Antorcha para arranar el dinero a los pobres”.

Los Inconformes explicaron que militantes de Antorcha Campesina y la asociación Acolhúa desde hace meses acudieron a sus comunidades a ofrecer materiales de construcción a bajo precio, que ponía a su disposición el entonces diputado federal Alberto Brasil Acosta Peña.

Los manifestantes dudaron en comprar los productos, porque temían no fueran entregados y también desconocían su procedencia, pero algunos entregaron hasta 70 mil pesos y nunca recibieron esos materiales.
Los inconformes indicaron que la fundación tenía una bodega en la comunidad de San Pablito Chiconcuac donde presume entregan los materiales de construcción.

El dirigente de la organización priista Alberto Brasil Acosta acudió a las instalaciones a rendir declaración, pero al notar la irritación de la población afectada descartó usar la puerta principal y salió por el acceso de la parte posterior de las instalaciones de la PGJEM.

Los vecinos demandaron que los defraudadores, “resuelvan el conflicto con la entrega de materiales”.

Las personas defraudadas denunciaron la existencia de una vinculación de la Asociación de la Fundación Un Paso Más Por México con la organización antorcha campesina y Acolhúa.

Investigarán con prontitud casos de fraude y usura en todo el país

Agencia MANL

Nezahualcóyotl, Méx- La Cámara de Diputados aprobó el punto de acuerdo para que las Procuradurías de Justicia o Fiscalías Generales de las 31 entidades federativas y del Distrito Federal, investiguen con prontitud y eficiencia las denuncias sobre fraude y usura que han presentado los usuarios de los sistemas de comercialización, pues el caso de mayor número de denuncias recaen en la llamada Financiera Auto Fin.

Así lo informó el diputado federal, Víctor Bautista López, quien agregó que se debe a que miles de familias han sido defraudadas por empresas de financiamiento y crédito, lo que ha ocasionado no sólo la pérdida de su patrimonio, sino el deterioro de la salud, por los excesos de persecución fiscal e intimidación judicial que emprenden estas firmas financieras contra los clientes, en su mayoría incautos

Este punto de acuerdo presentado por el legislador Bautista López, también exige que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) remita un informe pormenorizado de la situación de las quejas presentadas por los usuarios afectados, destacando si en el desahogo de sus investigaciones ha detectado irregularidades graves como el uso de contratos de adhesión distintos a los registrados ante dicha dependencia y, de ser el caso, informe si ha hecho del conocimiento del Ministerio Público dichas acciones.

Para presentar este punto de acuerdo, el legislador del PRD, citó como ejemplo el caso de Gerardo Hernández, vecino del  municipio de Nezahualcóyotl, en el estado de México, “en este caso son evidentes las afectaciones que en su patrimonio y bienestar ha generado la relación contraída con la Empresa Autofinanciamiento México S.A. de C.V.”.

Víctor Bautista indicó que hace 10 años, Gerardo Hernández acudió a Autofin para adquirir 25 vehículos, pero nueve años después tuvo que regresar las unidades y pagar 3.6 millones de pesos.

"Le embargaron varias propiedades y Autofin aún exige el pago de 18 millones de pesos, sólo por los intereses generados, por lo que dentro de las anomalías evidentes están la defraudación, la firma de pagarés con altas tasas de interés que pueden considerarse como usura, el uso de contratos de adhesión distintos a los registrados ante la Profeco, según oficio con número 0072-2013 y la vulneración de la Norma oficial Mexicana 143-SFC1-2000, emitida por la Secretaría de Economía”, subrayó Bautista López.

El diputado perredista señaló que de acuerdo con información de la PROFECO, son 21 empresas las que cuentan con registro y autorización emitida por la Secretaría de Economía, por lo que al realizar una investigación en internet bajo los parámetros “quejas”, “denuncias” o “fraudes” de autofinanciamiento, se percató que son cientos los problemas que enfrentan las personas que, sin la información adecuada y sin medios de tutela efectivos, se ven involucrados en conflictos con este tipo de entidades que han calculado ya los márgenes para afectar el patrimonio de las personas.

Aún con el limitado marco de regulación que existe, recordó Víctor Bautista, durante 2012, la PROFECO recibió dos mil 911 quejas presentadas contra 20 de estos sistemas, entre las causas de mayor incidencia se encuentran la negativa a la rescisión del contrato, la negativa a la entrega del producto o servicio, producto o servicio no solicitado o autorizado, daños durante el proceso de entrega, negativa a corregir errores de cobro y la negativa a la devolución de depósito.

Finalmente, el diputado perredista explicó que es urgente legislar en este tema, por la débil regulación que prevalece sobre el funcionamiento de estos sistemas y la falta de garantías institucionales que protejan adecuadamente el interés de los usuarios de los mismos, lo cual ha propiciado el desequilibrio en la relación comercial, la imposición de prácticas deshonestas, abusos y acciones que tienden a afectar el patrimonio de las personas que recurren a estas modalidades de inversión y que terminan involucrados en costosos procedimientos judiciales que encarecen las operaciones.

Alfonso Suárez Del Real presentó en Ecatepec el folleto Fraude 2012

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Ecatepec, Méx.- El ex legislador José Alfonso Suárez del Real, presentó en Ecatepec el folleto "Fraude 2012" y explicó algunos casos y "pruebas" de lo que llamó "el mayor fraude electoral que ha habido en México. 

Entre sus autores, explicó, están Pablo I. Taibo II, Elena poniatowska, Héctor Díaz-Polanco, Fabrizio Mejía, Héctor Vasconcelos, Sanjuana Martínez, Pedro Migual, Jesús Ramírez y él j. Alfonso Suárez del Real. Como en la reseña lo narra la realización de este folleto, dijo, "su propósito es que el pueblo conozca por qué esta elección no fue libre ni auténtica como lo establece la Constitución mexicana. 

Explica la historia del fraude en México, y que desde febrero de este año, Andrés Manuel López Obrador, solicitó medidas ante el Consejo general del IFE para preservar el principio de equidad y evitar así la compra de votos y desvío de recursos estatales o federales en favor algún candidato o partido. 

Habló de cómo y quienes fueron fabricando la candidatura del ex gobernador del estado de México. Y datalló de manera general sobre lo que contiene el escrito como el caso de las tarjetas, de la campaña rosa, las iglesias, votos inexistentes y casos de compra de votos, entre otras situaciones en los distintos estados de la república con el fin de que Enrique Peña Nieto, lograra la mayor cantidad de votos. 

"No estamos peleando el robo de la presidencia, sino por la democracia, que no haya quien decide quién se hace cargo del país para servir intereses mezquinos sin tomar al pueblo que nos ven como jodidos", concluyó. 

En el evento estuvieron presentes líderes, representantes sociales, y vecinos de Ecatepec, así como el diputado electo, Octavio Martínez Vargas.