Mostrando las entradas con la etiqueta gubernamental. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta gubernamental. Mostrar todas las entradas

lunes, 28 de marzo de 2016

Presentan iniciativa de Ley General de Propaganda Gubernamental



Agencia MANL

Toluca, Méx- El diputado federal Omar Ortega Álvarez, explicó que la iniciativa de Ley General de Propaganda Gubernamental es reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política y se puede resumir en diez puntos esenciales, en los cuales se desarrollan las nuevas facultades de la Auditoria Superior de la Federación en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, articulando sus facultades fiscalizadoras en el ámbito de la propaganda gubernamental.

Y es que actualmente  se carece de un marco jurídico que establezca la vigilancia y fiscalización de los  gastos que se hacen en este rubro, y no se ha querido integrar a la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo cual el PRD la pone en la mesa, subrayó el también secretario el secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

El diputado Omar Ortega Álvarez comentó  que esta Ley  tiene el objetivo de regular, fiscalizar y vigilar la asignación, distribución, contratación y contenidos de la comunicación gubernamental  que realicen dependencias y entidades públicas, de los tres órdenes de gobierno, en los medios de comunicación, tales como prensa escrita, televisión, radio, medios electrónicos, salas de exhibición de cinematografía o infraestructura colocada en la vía pública.

El también presidente del PRD en el estado de México, dijo que se busca articular un sistema de fiscalización de los gastos   que encabece la Auditoría Superior de la Federación en coordinación con las entidades locales de fiscalización, para vigilar  el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan ejercido de manera directa o indirecta los gobiernos federal y locales para gasto de propaganda y comunicación social.

Se establecen restricciones a la propaganda gubernamental para que no se incluya la imagen, nombre, cargo, voz o símbolo de los servidores públicos, las características personales o logros de las actividades de los servidores públicos, mensajes partidistas, uso de colores patrios, mensajes que generen invitación a la violencia, a la violencia de género, a la vulneración a los derechos humanos o a la discriminación, o que pretendan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o que sean denigrantes para las personas.

Omar Ortega Álvarez explicó que con esta ley, se reconoce un nuevo ámbito de competencias, en el que la Secretaría de Gobernación administrará los tiempos oficiales en Radio y Televisión, y  la Auditoría Superior de la Federación   fiscalizará y vigilará su ejercicio.

Además se propone la obligatoriedad de elaborar Programas Anuales de Propaganda de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas con el propósito de que  se cuente  con objetivos y parámetros cuantificables de la política de propaganda gubernamental con base en los cuales se realizará la programación.

Se propone un límite al gasto anual en propaganda gubernamental el cual  no deberá exceder del .o3% del gasto corriente aprobado en el presupuesto federal o local.

Se crea el Padrón Nacional de Prestadores de Servicio de Publicidad y Comunicación el cual será un sistema informativo de carácter público, administrado por la Auditoría Superior de la Federación, añadió el diputado Omar Ortega Álvarez

Toda la información relacionada con la propaganda gubernamental es de carácter público, se aplicará en todo momento el  principio de máxima publicidad y no se podrá clasificar como reservada o confidencial por autoridad alguna de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Finalmente, se establecen facultades específicas para el Tribunal de Justicia Administrativa a efecto de que pueda aplicar sanciones de carácter administrativo a los servidores públicos que incurran en una violación o irregularidades en el ejercicio de recursos públicos destinado a este rubro, concluyó el diputado federal Omar Ortega Álvarez.

jueves, 22 de noviembre de 2012

La ley de contabilidad gubernamental favorecerá la transparencia financiera y presupuestal de estados y municipios


Agencia MANL
México, D.F.- Académicos universitarios y especialistas del Colegio Nacional de Organizaciones Adherentes (CNOA) del PRI, coincidieron en que la Ley General de Contabilidad Gubernamental abre el camino hacia la transparencia y el buen desempeño de las arcas de los tres niveles de gobierno.

En el Coloquio de Análisis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,celebrado en el auditorio Heriberto Jara del CEN del PRI, los especialistas y miembros del CNOA aseguraron que la correcta aplicación de la nueva normatividad podría evitar actos de corrupción.

Daniel Ventura Uribe, coordinador de Estudios del CNOA, precisó que uno de los mayores alcances de la ley es que cierra la opacidad sobre el manejo de los recursos en los gobiernos estatales y municipales del país, pues evita el manejo discrecional del dinero y aseguró que tan solo en materia de deuda, los estados deben alrededor de 400 mil millones de pesos.

Al respecto, Graciela Velasco González, especialista en comercio mercantil y auditora gubernamental, destacó que existe una problemática en la armonización financiera y la Ley de Contabilidad Gubernamental, toda vez que los programas y el software que deben aplicarse con la nueva normatividad pueden resultar complicados y no responden a la estructura de muchos municipios del país.

“En algunas regiones del país no hay luz y por tanto no hay internet, se desconocen las aplicaciones y se mantiene hoy en día el mismo diseño de reporte de actividades municipales”, sostuvo la especialista.
En su oportunidad, el catedrático de la UNAM, Miguel Ángel García Olivo confío en que la Ley General de Contabilidad Gubernamental cerrará el paso a la corrupción, dispondrá de esquemas que apoyen a la gestión gubernamental, transparentará y homologará la información presupuestal y financiera, así como los pasivos y deuda pública.

“Obliga a los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a integrar en sus balances financieros toda la información relativa a las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores”, concluyó el catedrático.