Agencia MANL
Toluca, Méx.- Gabriel O'Shea Cuevas, Secretario de Salud del estado de México compareció ante LX Legislatura del Edomex, sobre el Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán.
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domingo, 11 de abril de 2021
lunes, 28 de noviembre de 2016
Publica DOF Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Agencia MANL
Ciudad de México.- El Diario Oficial de la Federación publicó hoy el Decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, “lo que significa un paso trascendental para el país la renovación de un marco legal que tenía una vigencia de 40 años y que ya no correspondía a la realidad actual de México”.
Esta ley fija las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento a las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente.
Además, establece la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional.
Cabe recordar que la iniciativa de Ley fue aprobada el pasado 13 de octubre por el Congreso, y hoy se promulga y se publica en el Diario Oficial de la Federación por el Presidente Enrique Peña Nieto.
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano contiene 119 artículos y 15 transitorios, y entrará en vigor este martes 29 de noviembre.
Dicha ley establece la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional y fija los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia, coordinación y participación para la planeación de las grandes ciudades, garantizando la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos.
Además promueve la participación ciudadana, en particular de mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación del territorio con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.
Por primera vez en la legislación mexicana se incluye como principio fundamental el Derecho a la Ciudad, cuyo objetivo es garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centros de población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México en la materia.
También hace énfasis en los principios de Equidad e inclusión, Derecho a la propiedad urbana, Coherencia y racionalidad, Participación democrática y transparencia, Productividad y eficiencia, Protección y progresividad del Espacio Público, Resiliencia, seguridad urbana y riesgos, Sustentabilidad ambiental y Accesibilidad universal y movilidad.
De acuerdo con el Capítulo Segundo de la Ley, referente a las atribuciones de la Federación le corresponderá, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las atribuciones siguientes: Formular y conducir la política nacional de asentamientos humanos, así como el ordenamiento territorial, en coordinación con otras dependencias de la Administración Pública Federal, Formular el proyecto de estrategia nacional de ordenamiento territorial con la participación de las dependencias del Poder Ejecutivo, con las entidades federativas y los municipios.
Además de participar, en coordinación con las entidades federativas y los municipios en la planeación y promoción de la infraestructura, equipamientos y servicios metropolitanos, y expedir los lineamientos en materia de equipamiento, infraestructura, medio ambiente y vinculación con el entorno, a los que se sujetarán las acciones que se realicen en materia de uso o aprovechamiento del suelo, así como de vivienda, financiadas con recursos federales, en términos de la Ley de Vivienda, así como las de los organismos que financien vivienda para los trabajadores en cumplimiento a la obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución, así como otras acciones para garantizar el Desarrollo Urbano sostenible y ordenado.
La ley también establece como parte de la cooperación interinstitucional promover, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, la elaboración de instrumentos que identifiquen las zonas de alto riesgo ante los fenómenos climatológicos, y crear y administrar el sistema de información territorial y urbano, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
Además, se prevé integrar una red metropolitana que promueva la transferencia de metodologías, buenas prácticas y la profesionalización e intercambio de información, así como el desarrollo de proyectos estratégicos conjuntos con la participación de instituciones académicas y de los sectores privado y social.
Entre las atribuciones de las entidades federativas están la de legislar en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la Constitución y en lo dispuesto por la Ley, así como establecer normas conforme a las cuales se promoverá y dará participación a la ciudadanía en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación a que se refiere esta Ley.
Además deberán promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos relacionados con el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda, entre otros aspectos.
Por su parte, entre las atribuciones de los municipios, la Ley destaca que deberán formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento.
Asimismo, regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio, y formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas municipales y en los demás que de éstos deriven.
Además de promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, considerando la igualdad entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio de derechos humanos.
Los municipios deberán participar además en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local, para lo cual deberán realizar convenios de asociación con otros municipios, estados y con la Federación.
En el ámbito de la coordinación y concertación, tal como lo establece el Artículo 12 de esta Ley, la SEDATU con la participación, en su caso, de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, promoverá la celebración de convenios y acuerdos de coordinación entre la Federación y las entidades federativas con la intervención de los municipios y Demarcaciones Territoriales respectivas, así como de convenios de concertación con los sectores social y privado.
Conforme al Artículo 13, los gobiernos municipales y los de las entidades federativas podrán suscribir convenios de coordinación, con el propósito de que estos últimos asuman el ejercicio de funciones que en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano le corresponden a los municipios, o bien para que los municipios asuman las funciones o servicios que les corresponden a las entidades federativas.
Uno de los temas torales de la Ley es la de la Gobernanza metropolitana en cuyo Artículo 36 establece que para lograr una eficaz gobernanza metropolitana, se establecerán mecanismos e instrumentos de carácter obligatorio que aseguren la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad.
La gestión de las zonas metropolitanas o conurbaciones se efectuará mediante una comisión de ordenamiento metropolitano o de conurbación, según se trate, que se integrará por la Federación, los estados, los municipios y las demarcaciones territoriales de la zona de que se trate, quienes participarán en el ámbito de su competencia para cumplir con los objetivos y principios a que se refiere esta Ley.
Tendrán como atribuciones coordinar la formulación y aprobación de los programas metropolitanos, así como su gestión, evaluación y cumplimiento.
Además, se establecerá un consejo consultivo de desarrollo metropolitano que promoverá los procesos de consulta pública e interinstitucional en las diversas fases de la formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de los programas.
Dicho Consejo se integrará con perspectiva de género, por representantes de los tres órdenes de gobierno y representantes de agrupaciones sociales legalmente constituidas, colegios de profesionistas, instituciones académicas y expertos en la materia, este último sector que deberá conformar mayoría en el consejo. Sus integrantes elegirán a quien los presida.
Ciudad de México.- El Diario Oficial de la Federación publicó hoy el Decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, “lo que significa un paso trascendental para el país la renovación de un marco legal que tenía una vigencia de 40 años y que ya no correspondía a la realidad actual de México”.
Esta ley fija las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento a las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente.
Además, establece la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional.
Cabe recordar que la iniciativa de Ley fue aprobada el pasado 13 de octubre por el Congreso, y hoy se promulga y se publica en el Diario Oficial de la Federación por el Presidente Enrique Peña Nieto.
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano contiene 119 artículos y 15 transitorios, y entrará en vigor este martes 29 de noviembre.
Dicha ley establece la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional y fija los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia, coordinación y participación para la planeación de las grandes ciudades, garantizando la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos.
Además promueve la participación ciudadana, en particular de mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación del territorio con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.
Por primera vez en la legislación mexicana se incluye como principio fundamental el Derecho a la Ciudad, cuyo objetivo es garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centros de población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México en la materia.
También hace énfasis en los principios de Equidad e inclusión, Derecho a la propiedad urbana, Coherencia y racionalidad, Participación democrática y transparencia, Productividad y eficiencia, Protección y progresividad del Espacio Público, Resiliencia, seguridad urbana y riesgos, Sustentabilidad ambiental y Accesibilidad universal y movilidad.
De acuerdo con el Capítulo Segundo de la Ley, referente a las atribuciones de la Federación le corresponderá, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las atribuciones siguientes: Formular y conducir la política nacional de asentamientos humanos, así como el ordenamiento territorial, en coordinación con otras dependencias de la Administración Pública Federal, Formular el proyecto de estrategia nacional de ordenamiento territorial con la participación de las dependencias del Poder Ejecutivo, con las entidades federativas y los municipios.
Además de participar, en coordinación con las entidades federativas y los municipios en la planeación y promoción de la infraestructura, equipamientos y servicios metropolitanos, y expedir los lineamientos en materia de equipamiento, infraestructura, medio ambiente y vinculación con el entorno, a los que se sujetarán las acciones que se realicen en materia de uso o aprovechamiento del suelo, así como de vivienda, financiadas con recursos federales, en términos de la Ley de Vivienda, así como las de los organismos que financien vivienda para los trabajadores en cumplimiento a la obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución, así como otras acciones para garantizar el Desarrollo Urbano sostenible y ordenado.
La ley también establece como parte de la cooperación interinstitucional promover, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, la elaboración de instrumentos que identifiquen las zonas de alto riesgo ante los fenómenos climatológicos, y crear y administrar el sistema de información territorial y urbano, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
Además, se prevé integrar una red metropolitana que promueva la transferencia de metodologías, buenas prácticas y la profesionalización e intercambio de información, así como el desarrollo de proyectos estratégicos conjuntos con la participación de instituciones académicas y de los sectores privado y social.
Entre las atribuciones de las entidades federativas están la de legislar en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la Constitución y en lo dispuesto por la Ley, así como establecer normas conforme a las cuales se promoverá y dará participación a la ciudadanía en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación a que se refiere esta Ley.
Además deberán promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos relacionados con el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda, entre otros aspectos.
Por su parte, entre las atribuciones de los municipios, la Ley destaca que deberán formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento.
Asimismo, regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio, y formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas municipales y en los demás que de éstos deriven.
Además de promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, considerando la igualdad entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio de derechos humanos.
Los municipios deberán participar además en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local, para lo cual deberán realizar convenios de asociación con otros municipios, estados y con la Federación.
En el ámbito de la coordinación y concertación, tal como lo establece el Artículo 12 de esta Ley, la SEDATU con la participación, en su caso, de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, promoverá la celebración de convenios y acuerdos de coordinación entre la Federación y las entidades federativas con la intervención de los municipios y Demarcaciones Territoriales respectivas, así como de convenios de concertación con los sectores social y privado.
Conforme al Artículo 13, los gobiernos municipales y los de las entidades federativas podrán suscribir convenios de coordinación, con el propósito de que estos últimos asuman el ejercicio de funciones que en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano le corresponden a los municipios, o bien para que los municipios asuman las funciones o servicios que les corresponden a las entidades federativas.
Uno de los temas torales de la Ley es la de la Gobernanza metropolitana en cuyo Artículo 36 establece que para lograr una eficaz gobernanza metropolitana, se establecerán mecanismos e instrumentos de carácter obligatorio que aseguren la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad.
La gestión de las zonas metropolitanas o conurbaciones se efectuará mediante una comisión de ordenamiento metropolitano o de conurbación, según se trate, que se integrará por la Federación, los estados, los municipios y las demarcaciones territoriales de la zona de que se trate, quienes participarán en el ámbito de su competencia para cumplir con los objetivos y principios a que se refiere esta Ley.
Tendrán como atribuciones coordinar la formulación y aprobación de los programas metropolitanos, así como su gestión, evaluación y cumplimiento.
Además, se establecerá un consejo consultivo de desarrollo metropolitano que promoverá los procesos de consulta pública e interinstitucional en las diversas fases de la formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de los programas.
Dicho Consejo se integrará con perspectiva de género, por representantes de los tres órdenes de gobierno y representantes de agrupaciones sociales legalmente constituidas, colegios de profesionistas, instituciones académicas y expertos en la materia, este último sector que deberá conformar mayoría en el consejo. Sus integrantes elegirán a quien los presida.
sábado, 14 de mayo de 2016
Nombran nuevo Comisario General de Seguridad Pública de Tlalnepantla
Agencia MANL
Tlalnepantla, Méx.- Por unanimidad, el Cabildo de Tlalnepantla aprobó el nombramiento de Eduardo González González como nuevo Comisario General de Seguridad Pública. Al tomarle la protesta de ley, la alcaldesa Denisse Ugalde Alegría lo exhortó a trabajar para dar los resultados inmediatos que en materia de seguridad demanda la ciudadanía.
Eduardo González González es licenciado en derecho y actualmente estudia la maestría en Administración Pública; fue Comisario en Huixquilucan y hasta hace unos días se desempeñaba como jefe de región de la Comisión Estatal de Seguridad, en la zona de Metepec y de Zinacantepec.
Durante la Décima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, la presidenta municipal destacó que el nuevo Comisario reúne los requisitos para desempeñar dicho cargo y hacer frente a los temas de seguridad de Tlalnepantla.
“Es una persona que tiene experiencia y un perfil académico importante, además de que aprobó los exámenes de control y confianza que la ley exige, por lo que la instrucción es que se conduzca con ética y profesionalismo en la labor que a partir de hoy el Cabildo le encomienda”, afirmó Ugalde Alegría.
Le solicitó que en primera instancia realice un diagnóstico de la situación que se vive en todo el territorio municipal, así como del interior de la corporación policíaca, para que en base a ello ponga en marcha el plan de trabajo que dé los resultados que los tlalnepantlenses exigen.
El Comisario Eduardo González externó su disposición para trabajar de manera inmediata en beneficio de la seguridad de las familias de este municipio; ”venimos comprometidos para bajar los índices delictivos en coordinación con los otros órdenes de gobierno”, apuntó.
Detalló que entre las estrategias que se instrumentarán como parte de su plan de trabajo está la implementación de operativos focalizados en determinadas zonas de la localidad de acuerdo a como se vayan moviendo las estadísticas delictivas, además de mantener reuniones de proximidad con la ciudadanía para escuchar de propia voz sus demandas.
La Décima Quinta Regidora, Graciela Soto Hernández, reconoció la voluntad política de la alcaldesa que escuchó las peticiones de los integrantes del Cuerpo Edilicio y atendió la necesidad de hacer cambios en esta área que es fundamental en el gobierno municipal.
martes, 10 de mayo de 2016
Toma protesta al presidente y a la secretaria general del Comité Municipal de San Mateo Atenco.
Agencia MANL
San Mateo Atenco, Méx.- El Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México se renueva permanentemente para integrar voces, talentos y vocaciones, así como para abanderar nuevas causas, lo que demuestra que es un partido dinámico y capaz de transformarse para responder a las necesidades de la sociedad.
Así lo aseguró el dirigente estatal de este instituto político, Carlos Iriarte Mercado, durante la sesión extraordinaria del Consejo Político Municipal del PRI en esta demarcación, en donde tomó protesta a Víctor Manuel Garduño Garrido y a María del Carmen González Guadarrama como presidente y secretaria general, respectivamente, del Comité Municipal del tricolor para cumplir el periodo estatutario 2013-2016.
El presidente del Comité Directivo Estatal señaló que el Partido Revolucionario Institucional sabe gobernar, ya que a través del diálogo, integra las voces de la gente y las convierte en políticas públicas que impactan de manera efectiva en la sociedad.
Dicho éxito, explicó, es el resultado del trabajo permanente y en equipo que realizan mujeres y hombres priístas quienes van al encuentro de los ciudadanos para escucharlos y ser portavoces de las demandas y necesidades de su comunidad ante las diferentes instancias de gobierno.
Acompañado de Carolina Charbel Montesinos Mendoza, secretaria general del Comité Directivo Estatal, Iriarte Mercado reconoció que los priístas trabajan todos los días del año a favor de las comunidades, labor que retoma los valores impulsados por el presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto y el gobernador Eruviel Ávila Villegas, quienes inspiran a todos a construir un partido incluyente, tolerante y cercano a la gente.
La vocación de servicio que distingue a los priístas mexiquenses nos permite priorizar lo colectivo sobre lo particular, asegurando así que el bienestar ciudadano y comunitario siempre esté por encima de cualquier interés personal, expresó.
Finalmente, Iriarte Mercado destacó que la capacidad para generar acuerdos, conciliar diferencias e impulsar propuestas a partir de la suma de todas las voces son características que identifican al PRI, por lo que exhortó a los dirigentes del Comité Municipal a ser tolerantes y congruentes en su actuar, para representar cabalmente los valores que impulsa este partido a nivel estatal y nacional.
Por su parte, Víctor Manuel Garduño Garrido se comprometió a consolidar a este instituto político como un espacio abierto para la participación de los militantes y de todos los sectores sociales de San Mateo Atenco.
lunes, 28 de marzo de 2016
Presentan iniciativa de Ley General de Propaganda Gubernamental
Agencia MANL
Toluca, Méx- El diputado federal Omar Ortega Álvarez, explicó que la iniciativa de Ley General de Propaganda Gubernamental es reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política y se puede resumir en diez puntos esenciales, en los cuales se desarrollan las nuevas facultades de la Auditoria Superior de la Federación en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, articulando sus facultades fiscalizadoras en el ámbito de la propaganda gubernamental.
Y es que actualmente se carece de un marco jurídico que establezca la vigilancia y fiscalización de los gastos que se hacen en este rubro, y no se ha querido integrar a la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo cual el PRD la pone en la mesa, subrayó el también secretario el secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
El diputado Omar Ortega Álvarez comentó que esta Ley tiene el objetivo de regular, fiscalizar y vigilar la asignación, distribución, contratación y contenidos de la comunicación gubernamental que realicen dependencias y entidades públicas, de los tres órdenes de gobierno, en los medios de comunicación, tales como prensa escrita, televisión, radio, medios electrónicos, salas de exhibición de cinematografía o infraestructura colocada en la vía pública.
El también presidente del PRD en el estado de México, dijo que se busca articular un sistema de fiscalización de los gastos que encabece la Auditoría Superior de la Federación en coordinación con las entidades locales de fiscalización, para vigilar el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan ejercido de manera directa o indirecta los gobiernos federal y locales para gasto de propaganda y comunicación social.
Se establecen restricciones a la propaganda gubernamental para que no se incluya la imagen, nombre, cargo, voz o símbolo de los servidores públicos, las características personales o logros de las actividades de los servidores públicos, mensajes partidistas, uso de colores patrios, mensajes que generen invitación a la violencia, a la violencia de género, a la vulneración a los derechos humanos o a la discriminación, o que pretendan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o que sean denigrantes para las personas.
Omar Ortega Álvarez explicó que con esta ley, se reconoce un nuevo ámbito de competencias, en el que la Secretaría de Gobernación administrará los tiempos oficiales en Radio y Televisión, y la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará y vigilará su ejercicio.
Además se propone la obligatoriedad de elaborar Programas Anuales de Propaganda de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas con el propósito de que se cuente con objetivos y parámetros cuantificables de la política de propaganda gubernamental con base en los cuales se realizará la programación.
Se propone un límite al gasto anual en propaganda gubernamental el cual no deberá exceder del .o3% del gasto corriente aprobado en el presupuesto federal o local.
Se crea el Padrón Nacional de Prestadores de Servicio de Publicidad y Comunicación el cual será un sistema informativo de carácter público, administrado por la Auditoría Superior de la Federación, añadió el diputado Omar Ortega Álvarez
Toda la información relacionada con la propaganda gubernamental es de carácter público, se aplicará en todo momento el principio de máxima publicidad y no se podrá clasificar como reservada o confidencial por autoridad alguna de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Finalmente, se establecen facultades específicas para el Tribunal de Justicia Administrativa a efecto de que pueda aplicar sanciones de carácter administrativo a los servidores públicos que incurran en una violación o irregularidades en el ejercicio de recursos públicos destinado a este rubro, concluyó el diputado federal Omar Ortega Álvarez.
miércoles, 27 de enero de 2016
CODHEM espera que los 125 municipios cumplan con la Recomendación General 01/2016
Agencia MANL
Toluca, Méx.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México espera que los 125 ayuntamientos cumplan en tiempo y forma con la Recomendación General 01/2016, referente a la armonización de los Bandos Municipales, para no sancionar como faltas administrativas conductas tipificadas como delitos, expresó el Ombudsman Baruch Delgado Carbajal.
Explicó que a cada presidente municipal se le notificó de manera personal, al considerar que los gobiernos locales deben promulgar su Bando Municipal el próximo 5 de febrero, y confió en que los ediles realicen la revisión y cambios necesarios para no contemplar esas conductas en la normatividad local, pues ya existen en el Código Penal estatal, dijo
En caso de incumplimiento de la armonización administrativa, los ayuntamientos podrían verse involucrados en una controversia de inconstitucionalidad y responder por ello ante los tribunales correspondientes.
Los Bandos deben sancionar las faltas administrativas y no invadir esferas de competencia, por tanto, no pueden incluir conductas como expender bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas a menores de edad; vender, difundir o exhibir películas, revistas o demás material con contenido pornográfico a menores de edad; ejercer violencia doméstica o familiar; portar cualquier tipo de objeto que pueda ser considerado peligroso, como cadenas, palos, bates, gas lacrimógeno, punzocortantes; agredir de palabra o de hecho a instituciones públicas o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones; causar daños a bienes de los particulares; y solicitar mediante falsas alarmas, los servicios de policía, bomberos o de atención médica y asistencia social.
El presidente de la Codhem indicó que la petición formal a los 125 municipios, es que la armonización debe llevarse a cabo para que se atienda el marco legal establecido en leyes estatales, nacionales y convencionales.
miércoles, 22 de abril de 2015
Directrices, desafíos y matices de la Ley General de Transparencia
· * Josefina Román Vergara, comisionada presidenta del Infoem, destacó los retos y pautas que, bajo su óptica, debe atender y seguir el organismo que preside
Agencia MANL
Toluca, Méx.- Es imperativo armonizar la legislación estatal con la Ley General de Transparencia, para que, además de contar con los elementos mínimos requeridos por la normativa común, se instaure un instrumento que permita transparentar la función pública y promover la rendición de cuentas, fines que deben imperar en un estado democrático, afirmó Josefina Román Vergara.
La comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) destacó que, ahora que el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Transparencia, la Legislatura mexiquense deberá adoptar los mecanismos necesarios para lograr que las instituciones públicas cumplan a cabalidad con sus obligaciones en la materia.
Tal es el caso, dijo, de las medidas de apremio, que constituyen una herramienta eficaz para incrementar el cumplimiento por parte de las instituciones públicas, tanto la publicación de la información pública de oficio (IPO) en sus páginas electrónicas y la correcta respuesta a las solicitudes que realizan los habitantes, como el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del Infoem.
Román Vergara dijo que, para la consecución de una rendición de cuentas acorde con los principios de un estado de derecho, “es trascendental una coordinación interinstitucional cimentada en un sistema de sistemas para la rendición de cuentas, el cual debe conformarse por los diferentes sistemas nacionales que tienen injerencia directa para la consecución de dicho fin, como el sistema nacional de fiscalización, el sistema nacional de archivos, o bien, el que nos atañe directamente, el sistema nacional de transparencia”.
Asimismo, enfatizó la importancia de que en el sistema nacional de transparencia se dé voz y voto a todos los consejeros y comisionados de los órganos garantes de las entidades federativas y del Distrito Federal, y no únicamente a su presidente, puesto que la recién aprobada Ley establece que los órganos garantes del derecho de acceso a la información forman parte integrante del sistema y que la función de sus respectivos presidentes descansa en la representación de éstos.
“Estos órganos están constituidos de manera colegiada, precisamente para deliberar y adoptar decisiones en forma conjunta, convergiendo multiplicidad de criterios, ideas, opiniones e interpretaciones, que eventualmente se materializan en la búsqueda del bienestar común”, argumentó la titular del Infoem.
Finalmente, destacó que, en materia de protección de datos personales, el Infoem tiene retos trascendentales, pues, además de establecer instrumentos, elementos y mecanismos análogos, que garanticen el correcto ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales, es necesario socializarlos, para que los mexiquenses tomen conciencia de la importancia en el cuidado y manejo de su información personal.
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