Valle de Bravo, Méx.- El gobernador Alfredo Del Mazo, y el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías, inauguraron la XXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Valle de Bravo.
Alberto Elías dio a conocer que durante los trabajos de las 33 procuradurías y fiscalías, se presentará la propuesta del nuevo modelo homologado de procuración de justicia, construido con solvencia técnica y legitimidad política, para convertirlo en un instrumento elemental para transformar el sistema de procuración de justicia, tanto a nivel local como federal.
Mencionó que esta propuesta de modelo gira en torno a cinco puntos torales: una política criminal de seguridad pública y de justicia penal; un esquema de gobernanza y administración que incluya el liderazgo institucional, así como a áreas operativas, transversales y de soporte; además de un mecanismo de supervisión y estrategia para la operación sustantiva basado en un plan de persecución penal. Contempla un modelo de investigación y de funcionamiento que abarque los procesos desde la denuncia o querella, hasta la solución de los conflictos; además de otro de operación sustantiva que administre la demanda de servicios de procuración, con la política criminal y del plan de persecución penal, así como de funciones transversales de gobierno, supervisión, servicios periciales y de investigación, además de mecanismos alternativos de solución de controversias.
En el marco de este modelo, se fortalecerá a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a través de diferentes acciones como dotarla de mayores facultades y capacidades técnicas para realizar ciber-investigaciones; crear una Oficina Nacional de Política de Drogas, e integrarle un Centro académico de formación y desarrollo para que capacite a sus agentes. El modelo implica elevar la importancia de los servicios de investigación criminal, inteligencia y servicios periciales, ya que los mismos no sólo prestan apoyo a la función ministerial, sino que además el análisis empírico del fenómeno delincuencial, es la principal fuente para definir tanto la política criminal como los planes de persecución penal, así como para actuar de manera proactiva frente al fenómeno.
Por su parte, Alfredo Del Mazo indicó que el Estado de México trabajará de manera coordinada y cercana con la ciudadanía, organizaciones civiles y las instituciones encargadas de la impartición y procuración de justicia, para conseguir la paz y tranquilidad que la población pide. Dijo que en el Estado de México se han dado pasos fundamentales para lograr esos objetivos, al transitar de una Procuraduría de Justicia a una Fiscalía autónoma, con mucho mayores capacidades operativas y procesales. Agregó que se creó la Secretaría de Seguridad estatal y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, instituciones que trabajan siempre de manera conjunta y coordinada.
Al referirse a la delincuencia organizada, Alberto Elías dijo que es una manifestación exacerbada de la delincuencia común caracterizada, entre otros factores, por mayores términos de violencia; un alto beneficio económico de sus acciones; estructura criminal materialmente institucionalizada; pérdida de espacios públicos; y descomposición del tejido social. Señaló que por estas razones, tiene capacidades y recursos suficientes para corromper la esfera pública y debilitar el orden constitucional, ya que se ha diversificado y ha traído como consecuencia múltiples condiciones que favorecen la impunidad y que dificultan la acción persecutoria del Estado, además de generar operaciones con recursos de procedencia ilícita y actos de mayor violencia.
Este planteamiento, señaló, pudiera generarse sobre las siguientes premisas: reconocer que su combate implica responsabilidad compartida; establecer una política criminal que priorice la prevención, investigación, persecución y sanción; fortalecer las capacidades de las instituciones locales para combatirla; y establecer mecanismos de colaboración, cooperación y coordinación para el intercambio de información, en todos los órdenes de gobierno y niveles. Con base en esto, la PGR en conjunto con las fiscalías y procuradurías del Estado de México, Chihuahua, Nuevo León y Tabasco, trabaja en un anteproyecto de iniciativa de Ley para someterlo el siguiente año a la consideración de la Conferencia.
Alberto Elías Beltrán agregó que basada en el espíritu del federalismo cooperativo, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia debe encontrar soluciones comunes a las necesidades de seguridad, paz, justicia y honestidad que demanda la sociedad, particularmente en cuatro de los diez principales problemas que afectan a la sociedad mexicana: como inseguridad, corrupción, impunidad y narcotráfico.
