* El ejecutivo quiere incrementar cuatro nuevos impuestos en el Edomex
* La política fiscal de la 4t está orientada en una mayor disciplina y eficiencia de los recursos públicos, en donde los gobiernos tendrán que hacer más con menos y sin afectar las prioridades sociales, señaló Juan Hugo de la Rosa.
* La nueva realidad democrática exige moderación y rectitud para dejar en el pasado los altos salarios, seguros de gastos mayores, viáticos ilimitados y gastos superfluos, entre otros.
Toluca, Méx.- En congruencia con la política fiscal del gobierno de la República que está orientada en una mayor disciplina y eficiencia de los recursos públicos, en donde los gobiernos tendrán que hacer más con menos y sin afectar las prioridades sociales, “JUNTOS, por un mejor Estado de México es posible” se manifiesta en contra de la iniciativa del Ejecutivo Estatal de incrementar cuatro nuevos impuestos a los ya existentes, como el Cedular por la Prestación de Servicios Profesionales, Cedular por Realizar Actividades Empresariales, a Casas de Empeño y por Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera, con los que se pretende recabar un tal de 260 millones de pesos, cantidad simbólica ya que sólo representa 0.07 por ciento de los ingresos previstos para 2022.
En conferencia de prensa, Juan Hugo de la Rosa, dirigente de Unidos por un Mejor País, acompañado de Joel Cruz Canseco, representante del PT ante el IEEM; Fermín Carreño Meléndez; Jesús Molina, en representación del presidente Mario Cervantes Palomino de Nueva Alianza; Mario Medina de “Unidos” y Mario de Jesús Pascual del Movimiento Nacional Indígena subrayó que como integrantes de “JUNTOS, por un mejor Estado de México es posible” y en el marco de la política de austeridad republicana y la lucha en contra de la corrupción impulsada por el gobierno democrático de la 4T, el compromiso con el uso racional y eficiente de los recursos públicos para atender las demandas prioritarias, y el precepto de presupuesto participativo con fiscalización efectiva, hacemos un llamado respetuoso a los miembros de la Legislatura local y Gobernador para que se busque el interés de la mayoría de los mexiquenses y no de unos cuantos.
Demandaron que los recursos presupuestales para los municipios tengan prioridad, toda vez que estos han sufrido disminuciones año tras año y su infraestructura hidráulica, de movilidad y seguridad pública, muestran un rezago que inhibe la inversión privada, el empleo y el bienestar general.
Urgieron a la construcción de nuevos hospitales, la disposición de equipo, medicamentos e insumos suficientes. El próximo decreto de presupuesto debe aumentar los recursos para el sector salud e incluir disposiciones para que el gobierno estatal y los municipios puedan actuar con flexibilidad en los casos de situaciones críticas en esta materia.
Los presentes coincidieron al reprobar que, a la fecha, no se hayan ejercido los 877 millones de pesos, que están etiquetados para la construcción o rehabilitación del Hospital General de Tlalnepantla Valle Ceylán, Centro Integral de Oncología de Ecatepec y los Hospitales Generales de Zinacantepec, Zumpango, Chicoloapan, Tepotzotlán, Coacalco y Tecámac.
Pidieron que no se apruebe el nuevo endeudamiento que está solicitando el Ejecutivo Estatal por la cantidad de 9 mil 500 millones de pesos mencionado en el Artículo 2 de la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2022.
Juan Hugo de la Rosa destacó que si se aplica el presupuesto como lo han señalado, se estaría ahorrando 2 por ciento del presupuesto de egresos 2022, equivalente a 6 mil 520 millones de pesos.
Les exigieron un presupuesto suficiente para evitar inundaciones y desastres en la próxima temporada de lluvias, así como un aumento en el presupuesto destinado a la seguridad pública municipal para la capacitación, la modernización tecnológica, el aumento de los salarios del personal policial, la lucha contra la corrupción y la implantación de sistemas de justicia cívica.
Por su parte, Joel Cruz Canseco, representante del PT ante el IEEM, junto a los presentes, pidió que se retire la iniciativa presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, por la que solicita autorización de financiamientos y obligaciones para construir dos Centros Penitenciarios de Reinserción Social, uno en Otumba y otro en Ixtapaluca.
Subrayó que es indispensable contar con recursos presupuestales adicionales para desarrollar alternativas de suministro de agua y mejorar la eficiencia de las redes de distribución, evitando fugas y desperdicios.
Nos pronunciamos en contra de reformar el Artículo 70 de la Ley que afectará el monto de las pensiones y en contra también de la solicitud de autorización para “legalizar el robo” a los trabajadores del ISSEMYM, por la que se pretende establecer plazos hasta de 15 años para que las instituciones que han violentado la ley, paguen, en cómodas mensualidades, las cuotas y aportaciones que no hicieron en su oportunidad.
Se propone que para revertir el abandono del campo mexiquense, el presupuesto para este sector de 2 mil 144 millones de pesos, que representa apenas el 0.65 por ciento del presupuesto de egresos total, se incremente a 1.38 por ciento.
Solicitamos a los acreedores privados y públicos del Estado de México, un período de gracia de seis meses en el pago del servicio de la deuda pública, que de acuerdo con la clasificación funcional de gasto no programable será de 5 mil 525 millones para el ejercicio fiscal 2022. De igual forma pedimos al Titular del Poder Ejecutivo y Legislativo hacer la misma petición, añadió
En nombre de la comunidad universitaria, Jesús Molina junto a los presentes, pidieron que el presupuesto de la UAEMéx, tenga un incremento adicional de 200 millones de pesos y sean aplicados directamente para que los alumnos dejen de pagar los “créditos” por cada unidad de aprendizaje que cursan en sus estudios universitarios.
Finalmente, dijeron que en voz de los pueblos y comunidades indígenas Mazahua, Otomí, Náhuatl, Tlahuica y Matlazinca del Estado de México, exigen de las autoridades respeto a los derechos y cultura indígenas. En ese sentido, proponen que se destine un presupuesto de al menos mil millones de pesos para contribuir en el desarrollo social y democrático indígena.
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