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Agencia MANL
Ciudad de México.- El diputado Janecarlo Lozano presentó un punto de acuerdo pidiendo a la Fiscalía General de la República atender el caso de feminicidio de Wendy Cruz cometido, presuntamente por su ex esposo Irineo Maldonado el 15 de marzo de 2022 en el Estado de México.
Además, pidió ante el Congreso de la Ciudad de México brindar orientación legal, psicológica y protección a los hijos y familiares de Wendy, quienes buscan que se haga justicia y se detenga al presunto feminicida quien disparó en al menos diez ocasiones contra la víctima y se encuentra prófugo.
Familiares relatan que no se trató de un caso aislado, pues Wendy, de 30 años de edad, vivió una historia de violencia sistemática y normalizada por parte de su expareja quien durante 16 años de matrimonio evitó toda convivencia con la familia de Wendy y poco a poco la aisló de ellos.
El presunto feminicida sometía a diferentes formas de violencia a Wendy, a través de malos tratos, humillaciones, violencia psicológica, aislamiento de su familia y amigos; así como violencia emocional, al minar su autoestima, infravalorarla y dañar su relación con sus hijos.
Wendy, quien tuvo cuatro hijos de su matrimonio, dos muchachos de 14 y 13 años, una niña de tres años y un bebé de año y medio, llevaba tres meses de separación con su ex esposo. Familiares de la finada comentan que había retomado su vida personal, se inscribió al gimnasio y se metería a estudiar nuevamente, lo que causó molestía en la ex pareja.
Irineo Maldonado también ejerció violencia sobre sus hijos a quienes intentó poner en contra de la mujer logrando que el niño de 13 años llegara a gritarle y empujarla. Luego de este suceso, el menor se fue a vivir con la familia de su papá. La manipulación ejercida sobre el niño fue tanta que él señala no sentir remordimiento ni perdón por su madre fallecida, ya que “ella se lo buscó”.
El día del feminicidio, ambos se encontraban discutiendo en el patio de su casa por los celos de Irineo. Las últimas frases de Wendy fueron “¡sí voy a regresar contigo! ¡niños corran!”.
Se comenta que fueron de 6 a 11 balazos en el estómago, ingle, mano y pecho, cuando menos. El feminicida descargó su arma en contra de Wendy, aun cuando ya se encontraba en el suelo. Los niños cerraron la puerta de la casa porque su padre les apuntó y les disparó con su arma. Desde entonces, el presunto feminicida está libre, aparentemente armado y huyendo.
“Cualquiera puede observar, contar y hablar de las estadísticas de feminicidios. La diferencia con la realidad está en que cada cifra representa una historia, una voz callada, un sueño apagado, y muchas veces, significa que más de una niña o un niño que han quedado en la orfandad.”
“Debería dolernos y debería indignarnos, porque ninguna historia es igual, hablamos de diferentes mujeres, cada una con sus vidas y sus familias”, expresó Lozano.
Aunque la familia de Wendy había informado ante las autoridades acerca del paradero de esta persona, han hecho caso omiso por supuestamente “no contar con dinero” para perseguirlo y éstas se han limitado a enviar un correo electrónico en donde informan que ha sido cancelada la orden de aprehensión en contra del feminicida por supuesta falta de pruebas.
La familia denunció que incluso la Fiscalía 8 de San Cristóbal dejó de recibirlos y en tres ocasiones el mismo policía les ha impedido la entrada, por lo que sospechan que ha existido tráfico de influencias y corrupción por parte de autoridades y el presunto homicida, toda vez que Irineo siempre presumió de sus “conexiones”.
“La verdadera justicia jamás se reduce a dinero, pero la impunidad sí parece tener precio para las autoridades omisas, incompetentes y hasta corruptas”, comentó el legislador.
Finalmente, los tres hijos de Wendy, fueron recibidos en Estados Unidos como personas protegidas mientras la familia del feminicida continúa haciendo uso de la casa, los negocios y carros del mismo y él está en libertad.
Por ello, solicitó la aprobación del punto de acuerdo y pidió hacer justicia por quienes siguen siendo víctimas del feminicidio, la impunidad y las autoridades incompetentes.
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