Inseguridad en el Estado de México: entre la reducción de cifras y la desconfianza ciudadana

  

Por Redacción Agencia MANL

Reportaje

El Estado de México llega al cierre de 2025 con una aparente mejora en sus indicadores de seguridad pública, aunque la percepción de inseguridad sigue siendo una de las más altas del país. Los datos oficiales muestran una disminución en delitos de alto impacto como homicidios dolosos y robo de vehículos; sin embargo, la ciudadanía mantiene una profunda desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar su seguridad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2025) del INEGI, la tasa de víctimas de delito en la entidad alcanzó las 34 851 por cada 100 000 habitantes, la más alta de todo el país. A pesar de ello, el gobierno estatal presume una reducción del 31 % en homicidios dolosos y del 27 % en robo de vehículos durante el primer semestre del año, según reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

La responsabilidad institucional recae en la Secretaría de Seguridad del Estado de México, encargada de la prevención e investigación del delito; en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que coordina los programas de seguridad intermunicipal; y en la Secretaría General de Gobierno, que debe garantizar la gobernabilidad y estabilidad institucional. Asimismo, la Secretaría de la Contraloría tiene la misión de vigilar el uso del presupuesto destinado a seguridad, el cual ha superado los 287 000 millones de pesos en la última década, sin que los resultados se reflejen proporcionalmente en la vida cotidiana de los mexiquenses.

El panorama sigue siendo contradictorio: mientras las gráficas oficiales muestran una caída en la incidencia de homicidios —abril de 2025 fue el mes con menos asesinatos en ocho años—, la población continúa percibiendo a su entorno como peligroso. Siete de cada diez mexiquenses considera la inseguridad el principal problema del estado, seguida por la corrupción, la impunidad y el desabasto de servicios públicos.

Especialistas apuntan que los avances estadísticos podrían no ser sostenibles si no se fortalecen los mecanismos de coordinación entre los municipios y el gobierno estatal. Los Consejos Intermunicipales de Seguridad Pública, creados para articular acciones regionales, operan con escasos recursos y baja participación ciudadana. La ausencia de políticas de prevención social, junto con la urbanización desordenada y la falta de oportunidades laborales, sigue alimentando un ciclo de violencia que no se resuelve solo con más patrullas o armamento.

En 2025, el Estado de México sigue encabezando el listado nacional en número absoluto de robos de vehículos con violencia, con más de 10 000 casos registrados en un año. Aunque las autoridades reportan reducciones porcentuales, la magnitud del problema revela una crisis estructural. La inseguridad se mantiene como el rostro visible de una desigualdad persistente, donde la pobreza, la corrupción y la falta de acceso a la justicia continúan marcando el pulso social.

La ciudadanía exige resultados tangibles: menos discursos y más eficacia. La reducción de cifras debe reflejarse en calles seguras, transporte confiable y confianza en las instituciones. Hasta que eso ocurra, el Estado de México seguirá enfrentando su mayor reto: recuperar la seguridad y la credibilidad perdidas.



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