Imagen Cronista El magistrado Ricardo Sodi, flexible: de opositor a colaborador de la Reforma al Poder Judicial
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Agencia MANL
Toluca, Méx.- Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), se ha convertido en una figura clave en el debate sobre la reforma judicial, pero su postura ha sido vista por muchos como incoherente y contradictoria. . En junio, cuestionó duramente la propuesta impulsada por el gobierno federal, insinuando que esta reforma podría convertirse en un mecanismo de control abusivo sobre los jueces. Sin embargo, tras la aprobación de la reforma en el Senado, su discurso cambió drásticamente, lo que ha generado críticas y confusión entre los observadores.
Durante el Segundo Congreso Internacional “La Administración de los Tribunales de Justicia”, Sodi Cuéllar expresó su preocupación por los posibles efectos de la reforma judicial en los tribunales locales. En su discurso, planteó preguntas provocadoras sobre si la intención de la reforma era realmente fortalecer los derechos humanos o someter a los jueces a un control jurisdiccional "abusivo y arbitrario". Afirmó que los tribunales judiciales se enfrentarían a grandes desafíos y que era esencial garantizar la autonomía presupuestal para poder operar con independencia.
Entre los puntos más destacados que defendió Sodi Cuéllar estaba la necesidad de una reforma al artículo 116 de la Constitución para asegurar la autonomía presupuestal de los tribunales estatales, así como la creación de un Fondo Nacional para la administración de la justicia local. Argumentó que los tribunales, especialmente en el Estado de México, necesitaban recursos para implementar adecuadamente el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
A pesar de esta postura crítica y contundente, la situación cambió tras la aprobación de la reforma en el Senado. En un giro sorprendente, Sodi Cuéllar publicó un mensaje en el que adoptaba un tono más conciliador y colaborativo. "En un ánimo propositivo y constructivo", escribió, "analizaremos los distintos escenarios para colaborar en la definición del mejor marco normativo adaptable a las condiciones para el Estado de México".
Este cambio de tono ha sido interpretado por muchos como una contradicción con sus declaraciones anteriores, en las que alertaba sobre los peligros de una justicia centralizada y el posible control excesivo del gobierno federal sobre los jueces locales. Algunos observadores han señalado que su nueva postura parece más alineada con los intereses del gobierno federal, sugiriendo una adaptación estratégica tras la aprobación de la reforma.
El magistrado ha intentado justificar esta evolución de su postura argumentando que la autonomía del Estado de México y su vocación republicana permiten a sus tres poderes colaborar de manera estrecha para desarrollar una legislación adecuada. Sin embargo, la rapidez con la que pasó de una postura crítica a una más conciliadora ha generado escepticismo sobre sus verdaderas intenciones.
Los críticos de Sodi Cuéllar señalan que sus contradicciones reflejan una falta de coherencia en la defensa de la independencia judicial. Mientras que inicialmente se posicionó como un defensor de la autonomía de los tribunales frente a la intervención federal, su cambio de tono tras la aprobación de la reforma ha sido visto por algunos como un intento de alinearse con las corrientes políticas dominantes.
A medida que avanza la implementación de la reforma judicial, queda por ver si las preocupaciones originales de Sodi Cuéllar sobre el control jurisdiccional abusivo se materializarán, o si su nueva postura propositiva contribuirá a un modelo más adecuado para la justicia en el Estado de México. Lo cierto es que sus recientes declaraciones han dejado una sombra de duda sobre la verdadera independencia del Poder Judicial local y la capacidad de los jueces para resistir presiones externas.
Ricardo Sodi Cuéllar, ahora en el centro del debate judicial, deberá demostrar si su cambio de discurso responde a una genuina voluntad de colaboración o si, como sugiere sus críticos, está respondiendo a intereses políticos que van en contra de la independencia judicial que tanto ha defendido públicamente.
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Agencia MANL
Toluca, Méx.- El fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH), José Humbertús Pérez Espinoza, cuestionó el Tercer Informe de Desarrollo Estratégico, del magistrado Ricardo Sodi Cuellar, que rindió frente al Poder Judicial, el cual calificó como un “discurso lleno de falsedades”, en presencia del gobernador Alfredo del Mazo y ex gobernadores priístas, y con ello criticó al magistrado de encabezar un “Tribunal de la dictadura del PRI”.
Lo que llamó "contra informe" y en respuesta a lo vertido por Sodi Cuellar, Pérez Espinosa, destacó que en comparación de otros magistrados, el titular del PJEM no habló de “cífras, presupuestos y ahorros”, con su actuar y la presencia de los priistas “en primera fila”, comprueba que el magistrado está dedicado y en plena campaña para ser ministro de la corte.
En un supuesto ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el Magistrado Ricardo Sodi Cuellar, en presencia Del Mazo, "y de los ex gobernadores Arturo Montiel Rojas César Camacho Quiroz, y Eruviel Ávila", presentó en Pleno del Tribunal Superior de Justicia, su Tercer Informe, con el que “confirmó que violó el artículo 110 de la Constitución”.
El ex prisionero de conciencia destacó que en el apartado de “los magistrados del fuero común asienta que "pueden ser sujetos a juicio político si se acredita que violaron los derechos humanos, como en el caso de Sodi Cuellar", quien “es conocedor de la fabricación de delitos "y de los de alto impacto y no se den las libertades”, pese a ser “fabricados”.
Destacó que “por instrucción de Ricardo Sodi Cuellar”, los jueces del fuero común en el estado de México, ordenan que se quiten casas a particulares sin permitirles el Derecho al tanto, pues ilegalmente hacen retroactiva una jurisprudencia “para desalojar a miles de familias en la entidad” y “vender sus casas más baratas a grupos inmobiliarios a terceros de 220 mil a un millón de pesos”.
Criticó al grupo parlamentario de la LXI Legislatura de Morena "por prestarse a este tipo de informe cuando debieron de dar entrada a su petición para que los jueces David Velázquez Vargas y Alejandro Flores, fueran sometidos a investigación por corrupción” por ser los principales autores de desalojos ilegales de viviendas en la entidad.
El también presidente del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna (FMVD), anunció que se promoverá un juicio político contra el Magistrado Ricardo Sodi Cuellar, por los despojos de viviendas y sentencias a inocentes en los penales mexiquenses que se les sigue juzgando por clara violación a sus derechos humanos.
Adelantó que PIDH iniciará una denuncia penal contra los integrantes de la LX y LXI Legislatura que “no quisieron supervisar los recursos del sistema penal acusatorio y a Sodi Cuellar, por no rendir cuentas de ese dinero y del Fondo de Aportaciones de la Seguridad Pública.
Agencia MANL
Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) en su comunicado "Quién es quién en la Ley de Amnistía" de este domingo que titula “Miente Ricardo Sodi Cuellar, informa que no es la primera libertad por delito grave” en el Edomex la de Silvia “N”, ocurrida hace unos días, y contradice al presidente del poder judicial del Estado de México (PJEM).
"PIDH siempre habla con la verdad jurídica y es mentira lo expresado en el comunicado del pasado viernes 26 de noviembre de 2021 por el Dr. Ricardo Sodi Cuellar que en el caso de Silvia “N” señaló “que se otorgó la primera amnistía por delito grave”.
El artículo 19 de la Carta Magna señala claramente los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa por ser graves y dentro del catálogo de delitos están “delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos”, el legislador ordinario del estado de México armonizó y dio cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Federal y estableció en el artículo 9 del Código Penal del estado de México el catálogo de los delitos graves, entre ellos el Robo, y que en su artículo 290 del citado marco normativo dice:
“Son circunstancias que agravan la penalidad en el delito de robo y se sancionarán además de las penas señaladas en el artículo anterior con las siguientes: I. Cuando se cometa con violencia sobre persona o personas…………” Para efectos de este artículo se entenderá por violencia: a) Física: utilización de la fuerza material por el sujeto activo sobre el sujeto pasivo de la conducta;”.
En esta perspectiva el legislador que expidió la Ley de Amnistía del Estado de México estableció que se decretaría Amnistía en los robos con violencia (que son delitos graves), y esto se legislo en el artículo 4 fracción IV inciso (b, III, y para dar la libertad de este delito grave “es no haber cometido la conducta delictiva con arma de fuego”, entre otros supuestos.
En este sentido es mentira lo señalado por el Dr. Ricardo Sodí Cuellar en el caso de Silvia “N” cuando señalo “que se otorgó la primera amnistía por delito grave”, y esto es así por que el mismo titular del Poder Judicial Sodí Cuellar el pasado 27 de octubre de 2021, informó que se habían otorgado 1600 resoluciones de Amnistía (el 90% por delitos graves robos con violencia) y ante los medios de comunicación destacó “Se le brinda una segunda oportunidad al sentenciado”.
En conclusión, se han otorgado más de 1600 libertades por delitos graves como los es el robo con violencia y que no son “delitos de bajo impacto” como falsamente lo expresa el Dr. Ricardo Sodi Cuellar, y lo más delicado de esta mentira es cuando señala que en el caso de Silvia N “que esta primera amnistía relacionada con un delito grave está fundamentada en el artículo 4, fracción XII de la propia Ley del Estado de México y la resolución fue dictada con perspectiva de género”.Cuando tampoco se fundamenta la libertad de Silvia N en el articulo 4 fracción XII de la Ley de Amnistía, toda vez que la norma señala lo siguiente: A las personas privadas de la libertad independientemente del delito del que se trate, que cuenten con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia esté reconocida por el Estado Mexicano, algún organismo nacional o local de derechos humanos, donde se desprendan violaciones a derechos humanos y/o al debido proceso, en la que se proponga su libertad.
El Dr. Ricardo Sodi Cuellar no tiene la facultad constitucional de legislar y mucho menos de interpretar la norma para beneficiar con fines políticos y de presión social a los “Colectivos Zeferino Ladrillero y Haz Valer Mi Libertad”, toda vez que el comunicado del 26 de noviembre de 2021 el titular del Poder Judicial, nunca señaló que contaba con una resolución de organismos internacionales de derechos humanos reconocida por el Estado mexicano o resoluciones de la CNDH y tampoco de la CODHEM, en donde, se proponga la libertad de Silvia “N”, tal y como lo señala el artículo 4 fracción XII de la Ley de Amnistía del Estado de México y mucho menos con perspectiva de género e incluso el legislador señaló que los servidores públicos no tenía derecho a la Amnistía (ver artículo 4, Fracción IV inciso (b, VII) de la citada norma.
Incluso el pasado 27 de octubre de 2021 en un entrevista con el Diario El Universal el Dr. Ricardo Sodí Cuellar utilizó el artículo 4, fracción XII y manifestó según su interpretación que “la Amnistía por delitos de alto impacto se requiere una recomendación de la Comisión estatal o nacional de Derechos Humanos y en estos casos no tenemos ninguna formalizada, entonces sin para esa fecha no existía ninguna recomendación, porque resolvió con este marco normativo si no es un delito de alto impacto y dio trámite supuestamente hasta 12 de noviembre de 2021 la solicitud de “Colectivos Zeferino Ladrillero y Haz Valer Mi Libertad”, para otorgar la libertad de Silvia “N”.
La libertad de Silvia “N” es una acción concertada (negociación de la justicia a modo) entre el Dr. Ricardo Sodi Cuellar, el diputado Max Agustín Correa y los Colectivos Zeferino Ladrillero y Haz Valer Mi Libertad”, en donde, en el centro de los acuerdos o cochupos está solo resolver los 25 casos de estas organizaciones y dejar fuera otras solicitudes, principalmente la PIDH.
Recordemos que los “Colectivos Zeferino Ladrillero y Haz Valer Mi Libertad”, presentaron ante la CODHEM 25 solicitudes y no ante la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la LX Legislatura, es decir estas organizaciones ni siquiera conocían cuál era el trámite para los casos por su relevancia que están legislados en los artículo 16, 17 y 18 de la Ley de Amnistía.
Todos estos actos están encaminados en obstaculizar y debilitar las solicitudes de Amnistía de PIDH y esto ha quedado demostrado cuando el Dr. Ricardo Sodi Cuellar reconoció en la última reunión que sostuvimos que el Poder Judicial tenía más de 500 solicitudes de Amnistía para opiniones consultivas de PIDH y el pasado 22 de noviembre de 2021 se nos informó que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México no tenía ninguna solicitud.
Lo mismo hicieron los diputados Gerardo Ulloa Pérez y Max Agustín Correa como presidentes de la Comisión en Materia de Amnistía de la LX Legislatura y nunca nos informaron los turnos que se les dieron a nuestras solicitudes. Es claro PIDH es una organización que les incomoda porque: primero no realiza negociaciones vergonzosas a espaldas de los PPLS y segundo porque no vamos a permitir que no se aplique la Ley de Amnistía a miles de falsos culpables por delitos de alto impacto que no cometieron y son inocentes.
“Prisioneros Hoy, Libres Por Siempre
”Presunción de Inocencia y Derechos Humanos” PIDH
