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miércoles, 20 de julio de 2016

SCT debe explicar el destino de mil 820.2 millones de pesos




Agencia MANL


Nezahualcóyotl, Méx.- El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara local, consideró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno federal debe explicar el destino de mil 820.2 millones de pesos que fueron canalizados a la contratación de distintas empresas para la supervisión, asesoría, control y seguimiento de la obra civil del tren interurbano México-Toluca, así como para garantizar la adecuada operación de los vagones que esperan transportar diariamente a 270 mil usuarios.

Ante los constantes accidentes que han ocurrido en la construcción de esta obra, el diputado local Juan Zepeda, advirtió que de acuerdo con los 16 contratos que ha hecho públicos la SCT sobre todo lo relacionado con el tren interurbano, al menos cuatro se refieren a garantizar la supervisión y control de las obras, además de realizar auditorías de seguridad.

El primer contrato es el DGTFM-32-14, signado con la empresa SGS de México, cuyo objetivo es la asesoría, control y seguimiento de todos los eventos relacionados con el proyecto de obra civil, obra electromecánica, obra de talleres y cocheras, adquisición de material rodante, de licitaciones pendientes y revisión de toda la documentación generada durante la ejecución de los trabajos en 57.7 kilómetros hasta la puesta en operación del tren interurbano México-Toluca.

El monto contratado ascendió a 819 millones 388 mil 366.50 más IVA, y la revisión está marcada hasta junio de 2018.

El segundo contrato es el DGTFM-34-14, pactado con Triada Consultores, que tiene por objeto la supervisión y control de obra para la construcción del tramo ferroviario Zinacantepec – Kilómetro 36+150 de 36+150 kilómetros de longitud, con inicio en el kilómetro 0+000 y terminación en el kilómetro 36+150 del tren interurbano México-Toluca. Es decir, se refiere a la primera etapa del proyecto.

El costo de tal supervisión es de 168 millones 875 mil 44.80 pesos más IVA. De manera contradictoria los trabajos de esta supervisión debieron terminar en diciembre de 2015.

Un tercer contrato es el DGTFM-43-14, firmado con DIRAC S.A.P.I. para la supervisión y control de obra en la construcción del túnel ferroviario portal poniente del túnel al portal oriente del túnel de 4.634 kilómetros de longitud.

Aunque esta parte de la obra civil ha experimentado importantes retrasos, el costo de la supervisión se tasó en 132 millones 368 mil 276.45 pesos más IVA. De acuerdo al contrato esta revisión debe terminar el 10 de febrero de 2017.

Y el cuarto contrato es el DGTFM-09-15, con las empresas AUDINGMEX, AUDINGINTRAESA, Sistemas Integrales para el Transporte, y TüV RHEINLAND de México.

El objetivo de dicho contrato es la supervisión, control y certificación de una auditoría independiente de seguridad (ISA) del suministro, instalación, y puesta en marcha del material rodante, sistemas ferroviarios, sistemas de comunicaciones, boletaje, centro de control, sistemas electromecánicos del túnel y del viaducto, vía, sistemas de energía, y construcción de dos subestaciones de tracción de 25Kv, y edificios técnicos en línea del tren interurbano México-Toluca.

El monto contratado es por 448 millones 585 mil 92.48 más IVA, y tales trabajos de supervisión deben concluir en octubre de 2018.

La suma de tales contratos da los mil 820.2 millones de pesos, incluyendo IVA.

La información sobre dichos contratos está disponible en la página web de la SCT, sin embargo, a la fecha la dependencia no ha dado información convincente sobre la seguridad del tren interurbano México-Toluca, además de las medidas que se han tomado tras los accidentes registrados en su construcción, afirmó Zepeda Hernández.

El también ex alcalde de Neza, recordó que uno de los contratos más importantes de esta obra corresponde al consorcio conformado por OHL y el Grupo Hermes, a través de sus filiales Proyectos Viales de México y La Peninsular.

Tal contrato es el DGTFM-19-14 a favor de la Peninsular Compañía Constructora y Constructora de Proyectos Viales de México, con el objetivo de construir el tramo ferroviario Zinacantepec – Kilómetro 36+150 de 36+150 de longitud, con inicio en el kilómetro 0+000 y terminación en el kilómetro 36+150 del tren interurbano México-Toluca.

El monto contratado ascendió a 8 mil 748 millones 554 mil 195.52 más IVA, pero las obras ya experimentan un retraso considerable, esto según el propio contrato, pues los trabajos estaban previstos que concluyeran el 11 de julio de 2016.

Zepeda Hernández, aseveró que esto obliga a una revisión exhaustiva de la obra, pues se corre el riesgo de que las empresas contratadas estén incurriendo en fallas de operación, que a la postre provoca que sus trabajadores estén operando contra reloj, lo cual daría al traste con la calidad y seguridad del tren interurbano.

El diputado local del PRD reiteró que uno de los objetivos de esta obra es mejorar el tiempo de traslado de los usuarios, en un transporte público seguro y eficiente, reduciendo accidentes viales en los 39 minutos que durarán los viajes entre Toluca y la Ciudad de México, tiempo en el cual se deben recorrer los 57.7 kilómetros de distancia entre ambos puntos.

lunes, 4 de abril de 2016

Tlalnepantla se incorpora al Mando Único



Agencia MANL

Tlalnepantla, Méx.- Con la integración de Tlalnepantla al Mando Único se busca reforzar el trabajo de la policía local al otorgarle el mando al Gobierno estatal y de esta manera dar respuesta a las demandas de la población en materia de seguridad pública con acciones coordinadas, aseguró la alcaldesa Denisse Ugalde Alegría.

Durante la sesión de cabildo en la que se aprobó por mayoría la adhesión de este municipio al Mando Único, la alcaldesa explicó que darle facultades al gobierno del Estado de México no significa que se le reste autoridad al gobierno local, “por el contrario, se subsanan  carencias que se tienen en cuanto al equipo y atribuciones, porque la realidad es que las policías municipales tienen ciertas limitantes”, añadió.

“La policía municipal tiene un origen preventivo y hay algunos delitos que salen de la mano, de su facultad”, afirmó.

Ugalde Alegría  dijo que “homologar la capacitación y las percepciones de los policías, así como una base común de tecnología bajo un sólo mando, permitirá dar respuesta a la población con una sola llamada. La coordinación será de acción inmediata para actuar en contra de la delincuencia”.

La adhesión al Mando Único, reiteró la alcaldesa,  significa que ahora quien lleva el mando es la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) sin que el patrimonio municipal se vea afectado.

Lo fundamental, dijo, es la coordinación de acciones para evitar dispersión de esfuerzos y sobre todo acceder a todo tipo de recursos, desde tecnológicos hasta los de equipamiento e inteligencia policial, así como mejorar las condiciones laborales de los elementos, evaluar el desempeño e integrar a la ciudadanía a participar activamente en el combate a la delincuencia.



jueves, 10 de marzo de 2016

Seguridad privada debe actuar con apego a derechos humanos

Agencia MANL

Toluca, Méx-- El combate a la delincuencia requiere de la coordinación de todos los sectores de la población, no sólo el empeño de las instituciones, por ello las empresas de seguridad privada deben ceñir su actuar a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas.

Al encabezar la entrega de Constancias de Autorización a 61 empresas de seguridad privada, el Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Valiente Hernández, en compañía del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Baruch Delgado Carbajal,   mencionó que la seguridad publica atañe a todos los sectores de la sociedad, debido a que la delincuencia no hace distingos ni discrimina cuando se comete, dañando por igual a personas físicas, morales e instituciones.

En el auditorio “Mónica Pretelini” de la Codhem, subrayó la necesidad de coordinar esfuerzos entre autoridades y empresas del ramo, que son consideradas auxiliares en las tareas de seguridad pública, a fin de garantizar paz y seguridad a la población de la entidad.

Asimismo en su carácter de Presidente del Consejo de Seguridad Privada del Estado de México, Valiente Hernández tomó protesta a los integrantes de dicho cuerpo colegiado, quienes asumieron  la responsabilidad para mejorar la calidad de los servicios que ofrecen, a fin de actuar dentro del marco de la legalidad.

lunes, 4 de enero de 2016

Procuraduría mexiquense debe investigar al gobierno de Ecatepec: PRD



Agencia MANL

Toluca, Méx.- La dirigencia del PRD en el Estado de México indicó que la Procuraduría mexiquense debe iniciar una investigación por el probable delito de trata de personas que estaría cometiéndose en el gobierno de Ecatepec, tras la revelación en redes sociales donde el regidor del PRI, José Luis Flores Balcázar, ofrece trabajo a cambio de fotografías intimas de mujeres.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Omar Ortega Álvarez, afirmó que los hechos difundidos en redes sociales no pueden ser ignorados, después de que el gobierno del Estado de México ha instrumentado una serie de medidas para evitar y erradicar la trata de personas en el territorio mexiquense.

Este lunes, en redes sociales fue difundida una conversación que habría sostenido el regidor del PRI, quien también envía fotografías de él a una mujer que estaría solicitando trabajo en el Ayuntamiento de Ecatepec, sin embargo, Flores Balcázar le aclara que debe conocer a qué está dispuesta, además de que necesita mujeres para que lo acompañen a juntas, comidas y viajes.

El dirigente del PRD estatal agregó que la Contraloría del Poder Legislativo también está obligada a iniciar un procedimiento administrativo contra José Luis Flores Balcázar, pues existen elementos para configurar irregularidades como el abuso de autoridad.

Ortega refirió que el delito de trata de personas es un ilícito que sigue beneficiándose de la impunidad, pues cifras de la Procuraduría estatal señalan que del 29 de junio de 2012 al 22 de mayo de 2015 fueron presentadas 133 denuncias por la presunta trata de 125 personas, lo cual implicó la detención de 72 supuestos infractores, pero hasta esa fecha sólo siete personas habían sido sentenciadas.

Además de las 133 denuncias presentadas inicialmente, 47 ya estaban en archivo definitivo o determinadas como incompetencias, 79 fueron judicializadas o estaban en trámite, y el resto correspondían a las sentencias emitidas.

La Procuraduría ha consolidado sus estadísticas a partir del 29 de junio de 2012 porque en esa fecha se creó la Fiscalía de Trata de Personas, aunque este delito está formalmente tipificado en el territorio mexiquense desde 2007.

Un dato revelador es que de las 125 víctimas que reportó la Procuraduría mexiquense, 107 fueron mujeres y 18 hombres, y por rango de edad los niños y adolescentes fueron el principal blanco de los tratantes, pues 64 son infantes, 54 adolescentes, y siete víctimas fueron adultos mayores.

Adicional a ello, Omar Ortega Álvarez exigió que el gobierno mexiquense ya active los distintos mecanismos de protección que contempla la Ley estatal para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas, vigente desde el 14 de noviembre de 2013.

Entre esas acciones está que la Procuraduría mexiquense, a través de la referida Fiscalía, elabore un diagnóstico sobre la problemática de la trata de personas, además de rendir un informe semestral al Consejo Estatal contra la Trata de Personas.

No obstante, a la fecha se desconoce si se están emitiendo informes semestrales sobre esta problemática, como prevé la propia Ley.

Adicionalmente el citado Consejo Estatal debe presentar anualmente un informe de actividades y resultados a través del respectivo programa estatal, el cual será remitido a los Poderes públicos de la entidad durante el mes de enero de cada año, mismo que deberá ser difundido ampliamente, lo cual se espera que se cumpla en este mes.

Sin embargo, en enero de 2015 no se difundió ningún informe sobre la trata de personas, y mucho menos en 2014.

Y tampoco existen indicadores públicos sobre la aplicación y resultados de los programas para prevenir los delitos de trata, como enuncia la citada Ley.