*UNA SANCIÓN PENAL PARA EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL DEL EDOMEX
Por José Humbertus Pérez Espinoza.
COLUMNA ESPECIAL
En días pasados explicamos cómo el político Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México, exoneró a los exgobernadores del Estado de México del Grupo Atlacomulco, de todos los actos delictivos cometidos contra el pueblo mexicano.
En su elocuente discurso con motivo del año de luto por el exgobernador Alfredo del Mazo González, destacó “lo más importante para el Estado de México es reconciliar nuestra historia pasada y presente”.
Es decir, reconciliarse con los criminales y alentarlos a controlar la columna vertebral del Poder Judicial del Estado de México, y la parte sustancial de la Reforma, el Tribunal Disciplinario Judicial.
El ex fiscal y primer Procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, es un delincuente y generador de violencia, responsable, junto con el pedófilo y abusador de menores Eruviel Ávila Villegas, de sembrar armas a la menor y a los baleados en los hechos violentos de Tlatlaya.
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| Alejandro Jaime Gómez Sánchez, con Ricardo Sodi Cuéllar, Ernesto Nemer, y Maurilio |
Hernández González |
El nombramiento del ex Procurador General de Justicia del Estado de México el 26 de mayo de 2014, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, cambió la historia para miles de ciudadanos mexicanos, al punto de que se cometieron actos de tortura, desapariciones forzadas y, lo más grave, la fabricación de Carpetas de Investigación para que miles de jóvenes y personas que nunca cometieron delito alguno fueran llevados a prisión y sentenciados siendo inocentes.
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| Alejandro Jaime Gómez Sánchez |
Incluso, hay evidencia que demuestra que en el Estado de México, a través del Instituto Mexicano de Seguridad y Justicia (IMSJ), no se cumplieron los plazos para su instalación, organismo que fue mandatado por el Legislador Ordinario que emitió la Ley Reglamentaria del artículo 21 de la Carta Magna conocida como Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP).
La LGSNSP, en su artículo 47, obliga a las entidades federativas a establecer y operar academias e institutos, que serán responsables de implementar los programas rectores de profesionalización y que, entre otras funciones, serán las de capacitar a los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública, que son: ministerios públicos, peritos, policías, en investigación científica y técnica.
La falta de carrera ministerial, pericial y judicial quedó demostrada en los trágicos hechos de la ejecución extrajudicial de la “Masacre de Tlatlaya”, en la madrugada del 30 de junio de 2014, de una de las sobrevivientes, Clara Gómez González, madre de una niña de 14 años que fue ejecutada.
La madre de la menor narró cómo fueron detenidos ilegalmente e incomunicados durante varios días en las oficinas centrales de la ahora FGJEM en la ciudad de Toluca, e incluso recibieron malos tratos, torturas y amenazas, para que firmaran declaraciones en las que dieran crédito a la versión militar.
La mujer, Clara Gómez, manifestó que la última vez que vio a su hija estaba con vida y desarmada, además de detallar los motivos por los que se encontraba en la bodega el 30 de junio de 2014. Recuerda haber visto por última vez a su hija con vida, herida, desarmada y acostada boca abajo para protegerse.
Luego de una odisea de varios días en Instituciones del Ministerio Público (hasta que fue liberada), la señora Clara Gómez regresó con dificultad (no le dieron su dinero ni su celular) a su domicilio, en Arcelia Guerrero, donde, un mes después, su hijo le mostró las fotos del cuerpo de su hija fallecida, con una pistola en la mano izquierda (ella era diestra) y acostada boca arriba, posición en la que nunca antes la había visto.
Para la gobernadora, la maestra Delfina Gómez, “feminista”, devota del cuidado y no abuso de las pelucas, seguidora de las “Carmelitas Descalzas” y de la “pobreza franciscana”, ¿cómo pueden aliarse con los criminales más podridos y perversos que tienen en prisión a miles de personas falsamente condenadas e incluso este personaje es el protector de varios feminicidios y dejar libres a los verdaderos culpables?
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| Fernando Valente Baz Ferreira |
Estos argumentos forman parte de una Carpeta de Investigación que la Fiscalía General de la República inició contra: Eruviel Ávila Villegas, ex Gobernador del Estado de México; José Sergio Manzur Quiroga, exsecretario general de Gobierno; Sergio Javier Medina Peñaloza, ex Presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura; Alejandro Jaime Gómez Sánchez, ex Procurador General de Justicia del Estado de México, y Fernando Valente Baz Ferreira, ex Titular de la Auditoría Superior de la Federación, todos del Estado de México, por no haber aplicado los recursos del FASP y del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 a 2016 e instalar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
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| Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno |
Estos criminales impunes y perversos, aliados de la Maestra Delfina Gómez y Horacio Duarte, principalmente el peligroso delincuente Alejandro Jaime Gómez Sánchez, son parte de la política de Estado de Delincuencia Institucionalizada y que define muy claramente el ex ministro en retiro y presidente de la SCJN Arturo Zaldívar Lelo de la Rea: “El Crimen Institucionalizado" se comete desde el poder del Estado, con la fuerza que implica inteligencia, armas, capacidad de fabricar culpables, de meter gente a la cárcel, de torturar, etc., se hace como un sistema.
"El Crimen Institucionalizado es el crimen cometido por quienes están en el poder no por un error, no por un exceso, sino por una convicción de usar el poder para ese fin, de abusar de él, de abusar sobre todo de aquellos que menos pueden defenderse."
“Durante el sexenio de Felipe Calderón hubo una tendencia a no respetar el Estado de Derecho, a no respetar el Debido Proceso, a practicar la tortura como método de investigación y a no cuidar los derechos humanos”.
Esta es parte de la historia y la vida de un criminal llamado Alejandro Jaime Gómez Sánchez.
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