Por Alma Valadéz / Agencia MANL
Toluca, Edomex. — Una nueva denuncia de corrupción golpea al Gobierno del Estado de México encabezado por Delfina Gómez Álvarez, tras revelarse que miles de trabajadores del sector educativo fueron víctimas de un presunto fraude cometido por la empresa Grupo CIF, Certificados Integrales Funerarios S.A. de C.V.
Con la anuencia del gobierno estatal, los maestros adquirieron Certificados Integrales Funerarios que prometían garantizar servicios funerarios en el futuro. No obstante, los afectados acusan que la empresa cerró sus puertas sin previo aviso, dejando de responder llamadas, correos electrónicos y todo tipo de comunicación.
Las oficinas ubicadas en Toluca están clausuradas con candados y cadenas, y hasta la fecha no se ha localizado a los responsables legales. La situación se agrava porque la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) se ha negado a aceptar las denuncias de los afectados, alegando que no existe un punto de contacto vigente con la empresa.
El silencio del Gobierno del Estado de México ha sido absoluto. A pesar de los múltiples llamados de los afectados para obtener apoyo y respuestas, la administración de Delfina Gómez no ha emitido posicionamiento alguno. El caso involucra a trabajadores de todos los niveles educativos bajo la nómina estatal, muchos de los cuales realizaron pagos por adelantado con la expectativa de proteger a sus familias ante una eventualidad.
Omisión institucional:
Desde que Delfina Gómez, asumió el cargo en septiembre de 2023, su gobierno no ha atendido las quejas de los trabajadores afectados, a pesar de que muchos de ellos dependen directamente de la administración estatal (maestros, empleados de servicios educativos, personal de salud, etc.).
No hay un pronunciamiento oficial, ni acciones visibles por parte de la Secretaría de Educación estatal, ni de la Contraloría o instancias legales del Edomex para investigar a la empresa. Tampoco ha intervenido para mediar ante la PROFECO o brindar asesoría jurídica a los afectados, dejando a miles de trabajadores en el abandono.
Aval institucional implícito:
Aunque Grupo CIF fue promovido desde sexenios anteriores, la continuidad de los convenios bajo su administración implica una corresponsabilidad. El fraude se consumó mientras la empresa seguía operando con respaldo en instituciones estatales durante la actual gestión.
Muchos trabajadores afirman que sus pagos se descontaban vía nómina, lo cual solo puede hacerse con autorización gubernamental, ya sea de la Secretaría de Finanzas o de las áreas administrativas educativas.
Uno de los compromisos públicos de Delfina Gómez fue combatir la corrupción y proteger a los trabajadores, especialmente al magisterio del que ella misma proviene.
Al no auditar ni supervisar los contratos activos con empresas proveedoras como Grupo CIF, su administración falló en garantizar la legalidad de los servicios que se ofrecían bajo el paraguas del Estado.
Su silencio frente al caso le resta credibilidad a su discurso de austeridad y honestidad, pues parece más preocupada por proteger estructuras que por enfrentar responsabilidades.
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