Por Editorial | Agencia MANL
Toluca, Estado de México, 15 de agosto de 2025. — La baja efectividad en el esclarecimiento de homicidios y delitos de alto impacto, así como la deficiente ejecución de las órdenes de aprehensión en casos de corrupción, han vuelto a poner bajo la lupa a José Luis Cervantes Martínez, Procurador General de Justicia del Estado de México. Estas acusaciones, ya expuestas por legisladores de diferentes bancadas en comparecencias en 2023 y 2024, motivan ahora un nuevo intento de juicio político en su contra.
El diputado Octavio Martínez Vargas presentó el miércoles pasado ante la Diputación Permanente de la LXI Legislatura un recurso de amparo para iniciar dicho procedimiento, acusando al Fiscal de incapacidad e incumplimiento de sus funciones. De ser aceptada la medida, se abriría un proceso que podría resultar en su destitución antes del final de su mandato de nueve años, que comenzó en marzo de 2022.
Casos y presuntas omisiones.
En su presentación, Martínez Vargas enumeró una serie de hechos que, según él, reflejan deficiencias en la administración de justicia:
Robo de 32 millones de pesos en el TRIJAEM: Fondos robados a través del token de seguridad del Tribunal Administrativo del Estado de México. La Fiscalía lo atribuyó a un "hackeo", pero el legislador consideró la posibilidad de un robo de vehículo sin procesar a los responsables.
Centro clandestino de videovigilancia en Ecatepec:
Más de 600 cámaras operaban sin autorización, capturando imágenes y datos de ciudadanos, incluyendo menores, sin que se iniciaran cargos legales.
Restitución de bienes despojados: De los 7,000 bienes reportados, solo 500 han sido asegurados y 50 han sido devueltos a sus legítimos dueños, lo que equivale al 0.7% del total.
Nombramiento de altos funcionarios:
Restitución de bienes despojados: De los 7,000 bienes reportados, solo 500 han sido asegurados y 50 han sido devueltos a sus legítimos dueños, lo que equivale al 0.7% del total.
Nombramiento de altos funcionarios:
Resaltó el nombramiento de Rubén Durán Miranda como Oficial Jefe, exfuncionario investigado por presunta evasión fiscal, con control de un presupuesto anual cercano a los 7.000 millones de pesos.
Violencia de género:
Diez años después de la primera Declaratoria de Alerta de Género en 11 municipios, criticó la falta de estrategias efectivas para reducir los feminicidios y las agresiones contra las mujeres.
Declaraciones presuntamente falsas: Estimó que unas 39.000 personas privadas de su libertad —aproximadamente el 40% de la población carcelaria estatal— podrían enfrentar cargos por delitos graves.
Declaraciones presuntamente falsas: Estimó que unas 39.000 personas privadas de su libertad —aproximadamente el 40% de la población carcelaria estatal— podrían enfrentar cargos por delitos graves.
Asesinatos sin resolver:
Denunció la falta de avances en las investigaciones de los asesinatos de dos menores identificados como "Fernandito" y "Dulce".
Procedimiento legislativo.
Procedimiento legislativo.
El juicio político es un mecanismo previsto en la Constitución estatal para destituir a servidores públicos por violaciones graves a la ley, omisiones o administración indebida de recursos. La solicitud se devolverá a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que decidirá si procede su admisión.
Antecedentes:
Cervantes Martínez fue nombrado Procurador General de la República en marzo de 2022 por mayoría calificada en el Congreso local, a propuesta del entonces gobernador Alfredo del Mazo Maza. Su trayectoria abarca más de tres décadas en el Poder Judicial de la Federación, en la administración pública estatal y como Visitador General de la propia FGJEM.
En caso de juicio político, corresponderá al Gobernador del Estado enviar un trío de candidatos para la elección del nuevo titular de la Fiscalía.
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