Agencia MANL
Toluca, Mex.- Debido a la aprobación de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México por parte de la LIX Legislatura local, el pasado 18 de marzo, y a la inconformidad pública sobre el alcance y pertinencia de dicha ley, el Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, se pronuncia en contra mediante un comunicado por que "en el PRD Estado de México no queremos un Atenco".
1. En el PRD Estado de México no queremos un Atenco más, exigimos que el gobierno elimine cualquier acto de represión a la libre manifestación y defensa de los derechos humanos de los mexiquenses, creemos firmemente que la democracia tiene como contenido de su definición la vigencia y el respeto de los derechos humanos, por ello apoyamos las medidas legislativas tendentes a limitar el uso arbitrario, abusivo y desmedido del uso de la fuerza Pública.
Consideramos que cualquier Gobierno que se considere democrático, necesariamente debe ser acotado mediante límites claros y precisos. Nos oponemos a la falta de normas que regulen el uso de la fuerza pública, pues la ausencia de este tipo de ordenamientos, fomentan la arbitrariedad dejando al ciudadano en la indefensión por la falta de criterios objetivos que regulen la labor policiaca.
El marco normativo internacional obliga al Estado mexicano a contar con instrumentos que impidan el abuso en el uso de la fuerza pública, en los casos en donde sea lícita su aplicación; esto con el propósito de evitar que puedan ocurrir situaciones como hace algunos años en el municipio de Atenco.
2. Los perredistas hemos sido firmes impulsores de un Estado democrático de derecho, en el cual la Ley sea el instrumento que garantice el ejercicio de amplios derechos fundamentales como son los de libre asociación y libre manifestación de las personas.
Cuando nuestros derechos nos han sido negados, hemos sido capaces de articular la protesta social y no en pocas ocasiones también, hemos sido objeto de actos represivos totalmente injustificados.
Desde la fundación de nuestro partido siempre hemos insistido en la necesidad de profundizar en la movilización y la protesta pacífica, incluso pese a conocer de la vocación autoritaria del régimen.
3. A pesar de la necesidad de que se regule el uso de la fuerza a través de instrumentos jurídicos y protocolos, hemos seguido la evolución de la opinión pública en estos últimos días que ha reaccionado sensiblemente a este tema.
Lo anterior nos ha motivado a reconocer la necesidad de que en la aprobación de un instrumento como este se requiere una amplia discusión, consulta y debate con la ciudadanía, el acompañamiento de los académicos, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones defensoras de derechos humanos.
4. Resulta imperativo que para el efecto de abonar confianza en los cuerpos de seguridad pública, no sólo se impulse su desarrollo profesional, se requiere asimismo concluir a la mayor brevedad, los múltiples expedientes abiertos y pendientes, relacionados a casos de abuso policiaco que esperan su resolución, pues ello abonará a retomar la confianza pérdida.
Los casos de San Salvador Atenco y Tlatlaya, la resistencia a decretar la Alerta de Género en la entidad y la detención de los defensores ambientalistas, revelan una crisis insostenible en materia de procuración de justicia y de derechos humanos en el Estado de México.
5. Por otro lado, creemos que la inefectividad de las respuestas ofrecidas a las diversas demandas de la población del Estado de México, en aspectos tales como la seguridad, las opciones de empleo bien remunerado, los altos niveles de corrupción e impunidad, así como la bajísima calidad de los servicios elementales como el agua potable o el transporte, han venido exacerbado la inconformidad social.
Este clima de descontento favorable a la protesta, también amerita un enérgico llamado de atención al Gobernador del Estado, y los alcaldes de toda la entidad, a efecto de que restablezcan la comunicación con los ciudadanos y movimientos que demandan soluciones. El desdén del gobierno hacia estas demandas debe corregirse.
La mera regulación del uso de la fuerza pública en un contexto de inconformidad generalizada, aunque necesaria, sin la promoción de efectivos canales de participación que animen al gobierno a rectificar su actitud, representa un caldo de cultivo para la confrontación social.
Por ello, el PRD urge al Gobierno del Estado a privilegiar el diálogo transparente y la rendición de cuentas gubernamental como mecanismos pacíficos para la resolución de los enormes desafíos de nuestra entidad.
6. Compartimos y apoyamos la solicitud de Acción de Inconstitucionalidad de esta ley a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha anunciado nuestro Comité Ejecutivo Nacional, así como demás recomendaciones y acciones que dicte al respecto dicho órgano de dirección.
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