Agencia MANL
Toluca, Méx.- Los diputados perredistas Juanita Bonilla Jaime, José Antonio López Lozano, Víctor Manuel Bautista López y Javier Salinas estuvieron presentes en la reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia con el objetivo de profundizar en el análisis de la Iniciativa enviada por el Titular del Ejecutivo Estatal e integrantes del blanquiazul para la reforma constitucional del Sistema Estatal Anticorrupción.
Por lo que el diputado Javier Salinas Narváez celebró el planteamiento de la iniciativa destacando como prioridad la formación de figuras que sirvan para la prevención de actos de corrupción y de responsabilidad patrimonial en la entidad, acentuando que las acciones de prevención son la clave para la efectividad de la iniciativa propuesta.
Con lo antes dicho y tras analizarse la iniciativa, los integrantes de la comisión detallaron que la propuesta contempla que los servidores públicos deberán presentar sus declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial; además de que se fijen sanciones ante actos de corrupción planteando la extinción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para la creación de un Tribunal de Justicia Administrativa que adquiera facultades para sancionar las faltas de los servidores públicos de Estado y sus municipios; por lo dicho, se plantea también la implementación de un Comité de Participación Ciudadana con el fin de que los propios habitantes se encarguen de supervisar y establecer políticas que coadyuven en la fiscalización y el control de los recursos públicos.
En el mismo sentido, figura la estructuración de un Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, que se estructurará por el Órgano Superior de Fiscalización, el fiscal anticorrupción, el secretario de la Contraloría, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el titular del Instituto de Transparencia, los representantes del Consejo de la Judicatura y el Comité de Participación Ciudadana. Asimismo se Incluye la Ley 3 de 3 a fin de que los servidores públicos estatales y municipales estén obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal.
Por lo anterior, se pretende que con la aprobación de la iniciativa se genere en la entidad un gobierno más transparente, abierto y recto en lo referido a la rendición de cuentas, ya que los servidores públicos serán participes de la consolidación por la transparencia y la erradicación de la corrupción en el Estado, ya que de caer en actos de corrupción serán acreedores a sanciones severas.
Por otra parte, la iniciativa estipula que para que se proteja la integridad y salvaguarda del patrimonio de los individuos en relación a la posible actividad administrativa irregular, se enmarca de necesario el planteamiento de un respaldo por parte del Estado para reparar las lesiones antijurídicas que cause la exposición pública de sus declaraciones.
Para concluir, la iniciativa fue sometida a votación, por lo que los integrantes del GPPRD presentes en la Comisión coadyuvaron con su voto a favor, para que la propuesta fuera aceptada por unanimidad, esperando su pronta presentación ante el Pleno de la “LIX” Legislatura.
