Agencia MANL
Ocoyoacac,
Méx.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas firmó cuatro iniciativas de
reforma jurídica, mediante las cuales propone establecer la prisión
vitalicia para casos como homicidio en agravio de familiares o violación
tumultuaria, entre otros; prisión de 15 a 30 años para quien cometa
homicidio doloso contra mujeres y niños; que culpables de robo con
violencia y extorsión no tengan el beneficio de la preliberación, además
de sanciones para poseedores de inmuebles donde se comercialicen,
depositen o almacenen vehículos o autopartes robadas o relacionadas con
delitos.
“No me cabe la menor duda que estas cuatro
iniciativas tendrán que incidir para poder mejorar la seguridad pública.
Y que se sepa, un mensaje muy claro a los delincuentes: que aquí en el
Estado de México no tienen cabida y vamos con todo en contra de ellos”,
afirmó.
Durante la celebración del Día del Abogado,
Eruviel Ávila expresó que, ante la problemática de inseguridad que se
vive en el estado y el país en general, se debe aplicar la ley con
rigidez a los que atentan contra la sociedad, y detalló las iniciativas
que firmó:
1. Implementar la prisión vitalicia
cuando el imputado cometa homicidio en agravio de sus familiares; cuando
se cometan tres o más homicidios, aunque sea en eventos distintos;
cuando se cometa violación tumultuaria; cuando con motivo del delito de
robo se cause la muerte, y cuando se cometa el delito de extorsión
agravada por el uso de armas de fuego, el número de imputados, entre
otras circunstancias.
También incrementar tres
calificativas al homicidio: cuando el homicida obtenga una retribución
por realizar el acto ilícito, cuando mutile a la víctima o cuando
utilice mensajes intimidatorios.
Cabe referir que el homicidio calificado ya tiene prevista la posibilidad de la prisión vitalicia.
2. Que quien cometa homicidio doloso en agravio de mujeres o
menores de 12 años, reciba pena de 15 a 30 años de prisión,
independientemente de otro tipo de sanciones.
Asimismo, incrementar sensiblemente la pena de prisión para quien cometa el delito de violación.
3. Se propone un conjunto de reformas al Código de
Procedimientos Penales del estado para que los imputados por los delitos
de robo con violencia y extorsión, cumplan con la totalidad de la pena
que se les imponga, sin que proceda ningún mecanismo alternativo de
solución de conflictos, ni ningún tipo de beneficios preliberacionales.
4. Para combatir con mayor eficacia el comercio de vehículos
y autopartes usadas, se propone sancionar a los poseedores de inmuebles
en los cuales se comercialicen, depositen o almacenen éstos, que
procedan del robo o de cualquier otro delito, así como a quienes
comercialicen estos bienes sin contar con la documentación que acredite
la legal procedencia de los mismos.
“Con acciones
como éstas, en el Estado de México respondemos a las exigencias de la
sociedad, a través de reformas jurídicas que pretenden dotar de mayor
poder a nuestro sistema judicial, manteniendo a nuestra entidad en una
constante mejora y actualización normativa, que permite una convivencia
social más armónica y mexiquenses mejor protegidos”, sostuvo el
gobernador.
Eruviel Ávila reconoció que en el
esfuerzo por la seguridad y protección de los mexiquense destaca la
voluntad de los titulares de los Poderes Públicos de la entidad, pues,
en el caso del Judicial, las iniciativas que ha presentado el Ejecutivo
se trabajan y analizan coordinadamente; mientras que el Congreso estatal
ha aprobado diversas iniciativas propuestas por la presente
administración, además de la madurez demostrada por todas las fuerzas
políticas que integran la Legislatura, que anteponen los intereses de
los mexiquenses y trabajan por el bienestar de la entidad, todos siempre
con el ánimo de colaboración y respeto.
En
presencia de presidentes e integrantes de Barras, Asociaciones y
Colegios de Abogados, reconoció a estos profesionistas en su día, pues
desde cualquier trinchera y labor que realizan marcan el rumbo del
Estado de México en el presente y sientan las bases para el futuro.
Estuvieron presentes Octavio Martínez Vargas, presidente de la
Diputación Permanente de la LVIII Legislatura; Baruch Delgado Carbajal,
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Efrén
Rojas Dávila, secretario general de Gobierno; Miguel Ángel Contreras
Nieto, procurador general de Justicia estatal; Marco Antonio Morales
Gómez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México; Jorge Olvera García, rector de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM); Luz María Zarza Delgado, consejera jurídica del
gobierno estatal; Miguel Ángel Terrón Mendoza, presidente del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo y Alfonso González García, alcalde de
Ocoyoacac.
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