Ausencia de estado de Derecho: Julisa Mejía Guardado.

Agencia MANL

México D.F..- La autoridad federal y estatal tiene mucho que ver en la situación en que laboran miles de jornaleros agrícolas en el país, puesto que son los responsables de velar por el respeto de los derechos laborales de los trabajadores en el país y sin embargo, no lo hacen., afirmó la diputada Julisa Mejía Guardado.

La secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales aseveró que la armonía de las fuerzas del trabajo, de la que por décadas se ha hablado, ha estado en manos de las autoridades federales y estatales, por lo que resulta risible que apenas se estén dando cuenta de la explotación que sufren miles de indígenas que viajan de las entidades pobres a la zonas donde se cosechan productos del campo para la exportación sobre todo en el noroeste del país.

Los grandes agricultores de hortalizas, fresas y otros productos, son generalmente afines a las políticas tricolores y blanquiazules, aseguró, por lo que hay que revisar el padrón de dueños de granjas y ranchos en las regiones del país para saber quiénes son los que no cumplen con las leyes del trabajo y reviven las condiciones del peón de hacienda del porfirismo, en pleno siglo XXI.

Mejía Guardado dijo que aunque en tiempos distintos, estamos viviendo las mismas condiciones que generaron el movimiento armado de 1910: ricos exportadores, rancheros que explotan a indígenas y campesinos y los tienen en la servidumbre total, sistema político inequitativo que compra votos con tarjetas ecologistas como la que ella misma recibió del PVEM, y autoritarismo que no acepta críticas al sistema aumentando las agresiones de todo tipo contra los periodistas incómodos en México.

“Por si fuera poco, el abuso de autoridad sigue presente en el gobierno, como el denunciado por ciudadanos del uso privado de bienes públicos por el ex alcalde de Huixquilucan, Estado de México, ex secretario del Agua y ahora titular de la Conagua, David Korenfeld, a quien por ley, desde el momento en que cometió dicha falta debió ser cesado e inhabilitado por 10 años para ejercer un cargo público, lo que el Ejecutivo no ha hecho aun cuando protestó cumplir y hacer cumplir la ley. Y este solo un caso, de muchos que seguramente se cometen a diario bajo el amparo de la impunidad presidencial”, subrayó.

Recordó la legisladora del Sol Azteca que especialistas han apuntado ya la inexistencia del Estado de Derecho en México ante unas autoridades que se niegan a cumplir las leyes del país y el caso de los jornaleros agrícolas explotados en iguales condiciones que el porfiriato de hace más de un siglo y los abusos de funcionarios federales, son una muestra más de ello.

Es tiempo de que los ciudadanos sigamos siendo la voz y los ojos de la sociedad, para que la impunidad termine y el estado de derecho vuelva a ser garante de la convivencia social, concluyó.