México, D.F.- Al hacer entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que, con valores, conciencia y convicciones firmes, “en todo momento y en cualquier lugar se pueden promover y defender los derechos humanos”, y destacó que “sólo así construiremos la auténtica sociedad de derechos que México debe ser en el Siglo XXI”.
Dijo que “los derechos humanos son una causa que nos compromete a todos, autoridades y a la sociedad en su conjunto, y en la que todos debemos contribuir”.
Citó, como ejemplo, a Norma Romero Vásquez y a Manuel Estrada Juárez, la primera galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2013, por la labor humanitaria de la organización de Las Patronas, a la que pertenece, en favor de migrantes en Veracruz, y a Manuel Estrada Juárez, que obtuvo Mención Honorífica por la labor altruista de su fundación, dedicada a la localización de niños robados y desaparecidos.
Ratificó que el Gobierno de la República tiene un compromiso indeclinable con el respeto y protección de los derechos humanos, y mencionó que, precisamente, el objetivo central de su Administración es construir una verdadera sociedad de derechos.
En ese sentido, a unos días de que se cumplió su primer año de Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto destacó cinco avances que ha tenido el país en materia de derechos humanos, y afirmó que estos avances “son muestra clara de que el Estado mexicano en su conjunto está decidido a seguir adelante, trabajando en favor de los derechos humanos”.
El primero, dijo, es que se ha impulsado la promoción y defensa de los derechos humanos en toda la estructura de la Administración Pública Federal. Ejemplo de ello, indicó, es la nueva Política de Seguridad y Procuración de Justicia, que tiene a la protección y respeto a los derechos humanos como uno de sus principales pilares, y que ha permitido reducir prácticamente a la mitad el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por presuntas violaciones a las garantías fundamentales por integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal.
El segundo avance, es el fortalecimiento del marco legal y el andamiaje institucional a favor de los derechos humanos. Hoy, señaló, los mexicanos cuentan con dos nuevos ordenamientos para la protección de sus derechos esenciales: la Ley General de Víctimas y la Ley de Amparo.
Expuso que la primera colocó a las víctimas en el centro del derecho penal, al permitir su asistencia, protección y la reparación del daño por parte del Estado, mientras que la Ley de Amparo es una nueva norma de avanzada que amplía los derechos y las medidas para la protección de los ciudadanos frente a la autoridad.
También, como parte de ello, se dio un paso decisivo para que los delitos contra periodistas, que atenten contra la libertad de expresión, puedan ser atraídos por el Ministerio Público Federal y sancionados por jueces federales. Para ello, aseveró, ya está en operación el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Como tercer avance, destacó el fortalecimiento de acciones para proteger y promover los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Con ese fin, dijo, se han reforzado los mecanismos de búsqueda y pronta recuperación de menores en situación de riesgo inminente, la llamada Alerta Amber, y se firmó un convenio de colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, a fin de impulsar nuevas acciones que contribuyan al cabal cumplimiento de los derechos infantiles.
En el cuarto avance, informó que en cumplimiento de la reciente Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos y de resoluciones de organismos internacionales, en octubre de este año presentó al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas de reforma, con los siguientes propósitos:
El primero: establecer los límites del Estado en la suspensión de derechos y garantías; segundo: acotar la actuación del Estado, con respecto a la expulsión de extranjeros; tercero: adecuar el delito de desaparición forzada a los estándares internacionales; y cuarto: evitar prácticas discriminatorias en contra de personal militar con VIH-SIDA, como lamentablemente se habían presentado casos.
Y como quinto avance, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el Gobierno de la República está decidido a cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso, señaló que en cumplimiento a una resolución de esta Corte, se creó un fideicomiso para reparar el daño a las víctimas, en “un hecho que no tiene precedente en América Latina”.
En el evento, expresó su felicitación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haberse hecho acreedora al Premio de las Naciones Unidas por servicios eminentes en derechos humanos, al considerar que esta presea internacional es un justo reconocimiento a sus acciones en favor de la protección de las garantías y libertades fundamentales.
Dio a conocer que compartió con Norma Romero “el reiterado compromiso que hacemos para que desde el Gobierno, de manera señalada a través de instancias que tienen por responsabilidad velar por la defensa y protección de los derechos humanos, entre ellas la Secretaría de Gobernación, la propia Procuraduría General de la República, y todas las áreas del Gobierno de forma transversal, dedicadas realmente a ser promotoras permanentes de la defensa de los derechos humanos, y en el marco de sus responsabilidades, establecer acciones y programas orientados, precisamente, a la defensa de los derechos humanos”.
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