Agencia MANL
Toluca, Méx.- Tras el informe auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto del caso Ayotzinapa, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha quedado exhibido por la deficiente investigación que buscó darle un carpetazo al asunto y dar por concluida la búsqueda de los normalistas desparecidos, por lo cual ahora las instancias judiciales de México están obligadas a realizar investigaciones que apunten al esclarecimiento total de los hechos.
Así lo señaló en entrevista Omar Ortega Álvarez, dirigente del PRD en el Estado de México, quien sostuvo que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado al interior de la CIDH, revela distintas omisiones en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), que en su momento encabezó Jesús Murillo Karam, pues determinó que los 43 normalistas desparecidos habían sido incinerados en el basurero municipal de Cocula, Guerrero.
Sin embargo, Ortega Álvarez recordó que el citado informe del GIEI echó por tierra esa versión, que para la PGR era la verdad histórica de lo ocurrido a los 43 alumnos de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, pues "no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo”, refieren las conclusiones de los expertos.
Adicional a ello, la PGR no investigó u omitió determinar la participación que tuvo un quinto autobús que pudo transportar droga al momento del ataque a los normalistas, quienes también se transportaban en otros autobuses.
Ortega Álvarez lamentó que el ahora ex Procurador Murillo Karam haya omitido este dato como refiere el informe de la CIDH.
El también diputado federal del PRD, apuntó que el esclarecimiento del caso Ayotzinapa no sólo requiere de la responsabilidad social y política de los actores involucrados, sino que el aparato de justicia en México se comprometa para encontrar la verdad de los hechos, continuar con la búsqueda de los normalistas y hacer justicia a los familiares de los estudiantes, lo cual representa un anhelo nacional, pues este caso se ha convertido en un ícono para la sociedad mexicana.
Detalló que deben seguirse al pie la letra las recomendaciones que hace el grupo formado por la CIDH, como la unificación de criterios en la investigación, considerar otras violaciones a los derechos humanos, investigar el posible traslado de estupefacientes, que sin ser imputable a los normalistas, podría ser causa de la agresión que sufrieron a manos de policías de Iguala, Guerrero y sicarios. Además se deben investigar los casos de tortura denunciados.
En materia de responsabilidades, detalló Ortega Álvarez, el informe debe ser acatado para que se investigue a todos los cuerpos de seguridad involucrados, así como el patrimonio de los presuntos responsables.
Respecto a la búsqueda de los normalistas es urgente reactivarla, pero también investigar la existencia de hornos crematorios en Iguala y Cocula, pues han sido hallados restos cremados, que oficialmente corresponderían al de un estudiante normalista.
A la par debe garantizarse la atención a los familiares de los normalistas y utilizar en la investigación fotografías satelitales y tecnología de búsqueda.
Ortega Álvarez concluyó que para el gobierno de Peña Nieto, no ha terminado la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados los estudiantes normalistas, pues la sombra de la impunidad se ha mantenido durante toda la investigación.
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