Toluca, Méx.- Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, urgió la separación de sus actividades de los 20 servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) investigados por el caso Tlatlaya, para permitir que las diligencias se realicen de forma imparcial, y sancionarlos a la brevedad para evitar que los señalamientos por violaciones, recategorizadas como “graves” por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se diluyan.
El además subcoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró necesario desclasificar los peritajes, con el objetivo de que se encuentren sujetos al escrutinio público para evitar la impunidad de servidores públicos y autoridades involucradas.
Martínez Vargas convocó a no pretender desviar la atención o minimizar la responsabilidad de los servidores públicos de la Procuraduría Estatal arguyendo “inconsistencias” en la declaraciones de las víctimas ante la PGJEM, la Procuraduría General de la República (PGR) y la CNDH, pues no puede perderse de vista que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte que las primeras fueron realizadas bajo presión y tortura.
Desde el punto de vista del diputado local por Ecatepec, resulta inconcebible que a estas alturas se desconozcan los nombres de los funcionarios que presuntamente estuvieron involucrados en los hechos de tortura y encarcelamiento de mujeres, encubrimiento y manipulación de la escena del crimen (movimiento de fusiles y cuerpos), pues se entiende que la PGJEM cuenta con un registro de estos datos para llevar el control de las diligencias de su personal.
Por tanto, reiteró la urgencia de que los resultados de la investigación se encuentren listos a la brevedad, pues si la CNDH reclasificó hace unos días el expediente del caso Tlatlaya como Investigación por “Violaciones Graves” a los derechos humanos, en buena medida fue porque las autoridades a quienes fue dirigida la Recomendación 51/2014 no han implementado, o al menos no con la celeridad requerida, las acciones necesarias para dar cumplimiento a la misma.
Cabe recordar que el 11 de julio se inició de oficio el expediente CNDH/2/2014/5390/Q, que dio origen a la Recomendación emitida el 21 de octubre de 2014, al acreditarse hechos violatorios consistentes en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, y actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia durante los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, en los que resultaron fusilados 22 civiles, presuntamente a manos de elementos del Ejército, y en cuyas diligencias participó la PGJEM.
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