Agencia MANLToluca, Méx.-Como un “hecho inédito”, que “marca una nueva era en la vida democrática” del Estado de México, calificó el diputado José Manzur Quiroga, presidente de la Junta de Coordinación Política, la presencia del gobernador Eruviel Ávila Villegas en la sede del Poder Legislativo estatal, donde entregó —al presidente de la Directiva, diputado Óscar Sánchez Juárez— siete iniciativas de ley en materia de seguridad pública y cuyo análisis, comprometió Manzur Quiroga: “considerará la pluralidad de visiones y expresiones políticas representadas en este Poder; impulsando el consenso y el diálogo”.
Previo a que el gobernador Eruviel Ávila señalara que “con este acto formalmente se da inicio a un ejercicio de colaboración y de apoyo mutuo entre poderes”; José Manzur señaló que “las diputadas y diputados reconocemos el gesto de apertura, disposición de trabajo y amistad que implica este acto, y en respuesta, le reiteramos nuestra disposición de que con toda seriedad iniciaremos el análisis de las iniciativas”.
Acompañado por el presidente de la Directiva, legislador Óscar Sánchez Juárez; así como los integrantes de la Junta de Coordinación Política, diputados: Arturo Piña García, del PRD; Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza; Carlos Sánchez Sánchez, del PT; Miguel Sámano Peralta, del Verde Ecologista; e Ignacio Samperio Montaño, de Convergencia; el legislador Manzur Quiroga señaló que las iniciativas implican la respuesta, “prácticamente inmediata, a las principales demandas recogidas a lo largo y ancho de la entidad”, y se traduce, “en fincar los cimientos en los que sustentará su gobierno, cuya gestión se anticipa, será un parteaguas por la altura de miras que le caracteriza”.
El paquete de iniciativas comprende la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia; así como las iniciativas de Ley de Seguridad Pública, Ley de Extinción de Dominio, Ley de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito; además de reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, y a disposiciones legales para combatir el narcomenudeo.
Al dar la bienvenida al gobernador, así como al secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, e integrantes del gabinete estatal, el presidente de la Junta de Coordinación Política reiteró que el gesto de colaboración entre poderes “nos anima, al considerar que lo que bien empieza bien continuará”; al tiempo que se dijo convencido de que “el debate parlamentario firme, constructivo y apasionado que se presente en las comisiones legislativas de esta Cámara local, contribuirá a que el proceso de análisis” dé como resultado un ejercicio enriquecedor y reflexivo.
Ante diputados locales de todos los Grupos Parlamentarios, el mandatario estatal afirmó que una de las demandas más sentidas de la sociedad y con la que todos los órdenes de gobierno y poderes públicos “estamos en deuda” es vivir con seguridad, saber que se cuenta con instituciones y leyes que ven por ella y la protegen, por lo que hoy “está en sus manos, señoras, señores diputados, hacer realidad estas exigencias y enviar un claro mensaje a quienes atentan contra la sociedad”.
Dijo que las iniciativas, tienen el propósito de garantizar una sociedad protegida, al tiempo que detalló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, concentraría en una sola institución con el mayor rango legal posible, los esfuerzos para proteger al ciudadano en el ámbito de la seguridad pública y que junto con el uso de la fuerza para el orden y la paz pública, incorpora la construcción de una alianza, entre el ciudadano y la policía.
Respecto al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, tendría como fin encargarse de la formación, capacitación y evaluación del personal que interviene en la prevención de los delitos, la procuración de la justicia, así como la reinserción social del delincuente y de los menores en conflicto con la ley penal. También tendrá la tarea de hacer investigación para poner a la vanguardia la seguridad y la justicia.
En cuanto a la iniciativa de Ley de Seguridad Pública, redimensiona y amplía el concepto de seguridad pública, al ámbito de la prevención, e incorpora herramientas y mecanismos de desarrollo en el ámbito policial y ministerial, pericial y de reinserción social. También homologa los criterios de selección, formación, evaluación y certificación de los integrantes de la Procuraduría de Justicia, policía estatal y policías municipales, estableciendo las bases obligatorias para su coordinación, así como del Sistema Estatal de Seguridad Pública que marca las bases de coordinación entre las autoridades estatales y municipales, participación ciudadana, prevención del delito e información criminal.
Las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, buscan la adecuación de la estructura de la institución con la Ley para el Uso y Manejo de Medios Electrónicos de la entidad, al crear un mecanismo eficiente para recibir las denuncias y querellas de manera electrónica; además de armonizarla con lo establecido en el proyecto de Ley de Seguridad Pública en materia de prevención del delito, profesionalización y servicio de carrera.
Por lo que toca a la iniciativa de Ley de Extinción de Dominio del Estado de México, permitirá “fortalecer las facultades públicas para combatir al crimen organizado en donde más les duele: sus estructuras financieras”, al incorporar al dominio público los bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos de delincuencia organizada, narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
El paquete integra disposiciones legales para el combate al narcomenudeo y busca armonizar la legislación estatal con las modificaciones realizadas a la legislación penal federal, a efecto de dejar claras las facultades de investigación de las autoridades locales.
Finalmente, la iniciativa de Ley de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de México plantea que el Estado brinde atención y cuidado a las víctimas del delito, con servicio gratuito a personas de escasos recursos, facilitando y fortaleciendo los mecanismos para que se les haga justicia pronta y expedita.
Las propuestas, dijo, complementan las que se hicieron llegar a la Soberanía Popular relacionados con la supresión de la prohibición de la prisión vitalicia; al reformar el Artículo séptimo de nuestra Carta Magna local.
Se suman también las reformas al Código Penal para que el Estado imponga pena de prisión vitalicia a quienes cometan delitos como: violación de menores de edad, o tumultuaria en ciertos supuestos, trata de personas de menores de 12 años, feminicidio, homicidio cuando se cometa en contra de tres o más personas en un mismo evento o en eventos distintos pero que estén juzgando en un mismo proceso; así como cuando se utilice saña o mutilación para provocar la privación de la vida.
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