México, D.F.- Diputados locales y federales del PRD aplaudieron la postura que asumió el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, en el caso de los 22 presuntos delincuentes abatidos por elementos del Ejército durante un operativo en Tlatlaya, estado de México, el pasado 30 de junio.
Los diputados federales Fernando Belaunzarán y Carlos Augusto Morales, así como los diputados locales Esthela Damián Peralta, Efraín Morales López y Daniel Ordóñez Hernández, coincidieron en que la detención de un oficial y siete elementos de tropa presuntamente implicados en esos hechos, refrenda el compromiso de la SEDENA por el respeto a los derechos humanos, la legalidad y la justicia, así como el rechazo a toda impunidad en los excesos en que pudieran incurrir sus elementos.
“Tenemos un profundo respeto por el Ejército mexicano y celebramos la decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional de poner a disposición del Juzgado Sexto Militar a ocho efectivos que participaron en el despliegue en el municipio de Tlatlaya. Los mandos castrenses cumplen así su compromiso de aclarar lo que ahí sucedió y acreditan su voluntad de llevar el caso hasta sus últimas consecuencias, lo cual es congruente con el respeto que le tienen los mexicanos a esa institución”.
Aseguraron que con esta acción, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, muestra su firme compromiso de llevar ante las instancias jurídicas correspondientes a los elementos del Ejército cuya conducta se aleje del respeto irrestricto a los derechos humanos.
“Se está reconociendo que en Tlatlaya ocurrió algo fuera de la versión oficial. Es una buena señal que el Ejército mexicano ya esté tomando medidas y que eso permita reconsiderar un cambio en la versión inicial del supuesto enfrentamiento. El esclarecimiento de los hechos y actuar contra los malos elementos, es la mejor forma de mantener el honor y el respeto que tienen las fuerzas armadas en la sociedad”, expresaron.
Afirmaron que tendrán que ser los tribunales civiles los que juzguen a los militares detenidos por su presunta responsabilidad en lo que todo hace suponer fue una ejecución extrajudicial.
Hicieron ver que el hecho de que algunos elementos del Ejército mexicano hayan actuado al margen del marco legal, de las instituciones, no afecta la buena imagen que tiene la Sedena entre la población.
Por otro lado, calificaron como inexplicable” que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México haya reservado por nueve años la información sobre la investigación del caso Tlatlaya.
Los diputados federales Fernando Belaunzarán y Carlos Augusto Morales, así como los diputados locales Esthela Damián Peralta, Efraín Morales López y Daniel Ordóñez Hernández, coincidieron en que la detención de un oficial y siete elementos de tropa presuntamente implicados en esos hechos, refrenda el compromiso de la SEDENA por el respeto a los derechos humanos, la legalidad y la justicia, así como el rechazo a toda impunidad en los excesos en que pudieran incurrir sus elementos.
“Tenemos un profundo respeto por el Ejército mexicano y celebramos la decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional de poner a disposición del Juzgado Sexto Militar a ocho efectivos que participaron en el despliegue en el municipio de Tlatlaya. Los mandos castrenses cumplen así su compromiso de aclarar lo que ahí sucedió y acreditan su voluntad de llevar el caso hasta sus últimas consecuencias, lo cual es congruente con el respeto que le tienen los mexicanos a esa institución”.
Aseguraron que con esta acción, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, muestra su firme compromiso de llevar ante las instancias jurídicas correspondientes a los elementos del Ejército cuya conducta se aleje del respeto irrestricto a los derechos humanos.
“Se está reconociendo que en Tlatlaya ocurrió algo fuera de la versión oficial. Es una buena señal que el Ejército mexicano ya esté tomando medidas y que eso permita reconsiderar un cambio en la versión inicial del supuesto enfrentamiento. El esclarecimiento de los hechos y actuar contra los malos elementos, es la mejor forma de mantener el honor y el respeto que tienen las fuerzas armadas en la sociedad”, expresaron.
Afirmaron que tendrán que ser los tribunales civiles los que juzguen a los militares detenidos por su presunta responsabilidad en lo que todo hace suponer fue una ejecución extrajudicial.
Hicieron ver que el hecho de que algunos elementos del Ejército mexicano hayan actuado al margen del marco legal, de las instituciones, no afecta la buena imagen que tiene la Sedena entre la población.
Por otro lado, calificaron como inexplicable” que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México haya reservado por nueve años la información sobre la investigación del caso Tlatlaya.
“Hemos solicitado al Instituto Federal de Acceso a la Información que revierta esa determinación. No entendemos los motivos de esta clasificación de nueve años de confidencialidad, cuando parece que en el país ya hay un consenso para que se sepa lo ocurrido en aquél municipio del estado de México”, apuntaron.
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