Agencia MANL
Toluca, Méx.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y la Secretaría de Transporte firmaron un convenio para coordinar sus acciones y mejorar la investigación de los delitos relacionados con el transporte público en la entidad, así como detectar conductas irregulares de los operadores y con ello brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
“Compartir información es fundamental, así lo entendemos en la procuraduría estatal, ha sido una instrucción del gobernador y se ha convertido en una práctica común con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Federal, el Cisen y ahora con la Secretaría de Transporte” indicó el procurador de justicia estatal, Alejandro Jaime Gómez Sánchez.
Por su parte, el secretario de Transporte, Isidro Pastor Medrano, aseguró que este convenio representa la oportunidad para mejorar la seguridad de los usuarios de este servicio y agradeció el trabajo realizado por la PGJEM, el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que todos trabajan siguiendo un mismo objetivo: tener mexiquenses mejor protegidos.
“Es una de las prioridades del señor gobernador Eruviel Ávila, la seguridad de los mexiquenses y este convenio busca propiciar mexiquenses más seguros, por lo que como parte del Plan de Desarrollo del Estado de México, en el pilar de Sociedad Protegida, y como una sentida demanda social estamos trabajando arduamente en garantizar la seguridad de los usuarios” puntualizó Isidro Pastor.
Además, coincidieron en que la entidad requería un acuerdo de este tipo, para facilitar el intercambio de información estratégica y comenzar a generar cambios en materia de seguridad.
Este convenio contempla la detección de unidades que operen sin concesión, permiso o autorización por parte de la Secretaría de Transporte; advierte que ambas dependencias intercambiarán información sobre delitos en esta materia, así como de los vehículos y los motivos por los que fueron remitidos al corralón y los resultados de la consulta de antecedentes penales.
El secretario de Transporte precisó que la dependencia a su cargo tendrá la obligación de contribuir en la investigación de vehículos de transporte público, concesionarios o permisionarios que se encuentren relacionados con los delitos de secuestro, violación, delincuencia organizada y robo, para determinar si hubo responsabilidad por parte del concesionario o permisionario.
En tanto, la procuraduría estatal de justicia podrá colocar en las unidades, material informativo referente al ofrecimiento de recompensas para quien aporte información sobre las investigaciones que realiza el Ministerio Público.
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