Zinacantepec, Méx.- Mil 30 máquinas tragamonedas ubicadas de manera ilegal en 284 comercios como farmacias, panaderías, tiendas de abarrotes, misceláneas, talleres mecánicos, entre otros, muchos de ellos cercanos a centros escolares, fueron destruidas por el Gobierno del Estado de México, con el objetivo de alejar de esta práctica a niños, jóvenes y adultos mexiquenses, lo que coloca a la entidad como la primera a nivel nacional en poner en marcha este programa para erradicar estos dispositivos y reconstruir el tejido social.
Al dar inicio a la destrucción de estas máquinas, junto con Marcela González Salas y Petricioli, directora general de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, el gobernador Eruviel Ávila Villegas informó que presentará a la Legislatura local una iniciativa de ley para impedir que proliferen, mediante la regulación del uso de suelo de los establecimientos, para lo cual se buscará también la coordinación con la instancia federal, a quien corresponden dicha autorizaciones.
“Detrás de cada máquina hay muchas historias tristes y muy lamentables. Hoy les quiero decir a quienes tienen la tiendita de la esquina, la farmacia de la comunidad, en el ejido, en el barrio correspondiente que no se dejen sorprender. Estas máquinas tragamonedas son ilegales, son máquinas prohibidas por la ley y vamos a continuar con mano firme para confiscarlas y proceder a su destrucción”, expresó.
Eruviel Ávila exhortó a la población a denunciar la operación de estos aparatos al número telefónico 088, e invitó a aquellos comerciantes que tengan en sus establecimientos este tipo de máquinas a que las entreguen de manera voluntaria y anónima con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin temor a sanciones, ya que de aprobarse esta iniciativa, se realizará la confiscación con la aplicación de multas.
Afirmó que el aseguramiento y destrucción de estos aparatos son resultado de la coordinación entre los gobiernos del Estado de México y de la República, entre las que destaca la Policía Federal, el Ejército, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuraduría General de Justicia estatal y autoridades municipales, los cuales seguirán para evitar que sigan fomentando actos delictivos.
El gobernador indicó que el uso estas máquinas tragamonedas generan severos afectaciones a la sociedad, tales como pérdida de empleo, consumo de bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas y derroche de dinero, ya que se estima que cada una deja ganancias de 5 mil pesos a la semana, recursos que dejan de llegar a las mesas de los mexiquenses.
En este sentido ejemplificó que si cada máquina genera 5 mil pesos a la semana, por las 52 semanas del año se tendrían recursos por 260 mil pesos; considerando que este día se destruyeron mil 30, el dinero irregular obtenido asciende a 267 millones 800 mil pesos.
Por su parte, Marcela González Salas y Petricioli, directora general de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, reconoció la labor que el gobierno estatal realizar para alejar estos aparatos de la sociedad, ya que provocan adicción al juego, lo que deriva en deserción escolar, bullying, robo a familiares y, posteriormente, a mayor escala, lo que ha construido a incrementar las cifras de la delincuencia, así como la corrupción, y que sean usadas por el crimen organizado.
Cabe destacar que las primeras máquinas decomisadas son resultado de operativos realizados de julio a septiembre del presente año, con la participación de servidores públicos federales y estatales, en Acolman, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Otumba, Tecámac, Tlalnepantla, Toluca, Villa Victoria, Zinacantepec y Zumpango.
En el evento estuvieron Moisés Sotelo Pola y Raúl Arroyo González, delegados de la Segob y de la PGR en el Estado de México; Juan Gabriel Sosa Pinto, subdelegado del Cisen; Eduardo Valiente Hernández, coordinador de la Policía Federal en la entidad; José Luis Sánchez León y Luis Arias González, comandantes de la 22 y 37 Zona Militar; José Manzur Quiroga, Damián Canales Mena, César Gómez Monge, secretarios General de Gobierno, de Seguridad Ciudadana y de Salud, respectivamente; así como Alejandro Gómez Sánchez, procurador General de Justicia de la entidad, y la alcaldesa Olga Hernández Martínez.
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