Ecatepec, Méx.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) está obligada a reconocer o rechazar e informar sobre la presunta participación de militares en el asalto del 29 de agosto pasado al Coppel del centro de Tenango, y no permitir que éstos elementos sean juzgados por la Corte Militar, advirtió el diputado Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense.
El legislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que lo anterior es con el objetivo de evitar impunidad en este caso, pues lamentó que la participación de elementos de la XXII Zona Militar en los hechos de los que resultaron abatidos un policía estatal y un presunto delincuente se conocieran gracias a los medios de comunicación y no por informes de la propia autoridad.
Es importante, dijo, que la ciudadanía conozca en manos de quién se encuentra su seguridad, ahora que el Ejército ha sido involucrado en el combate a la delincuencia, y generar confianza con un castigo ejemplar para los servidores públicos que contravengan su obligación pública.
Martínez Vargas consideró que en la omisión de estos detalles en el acto delictivo referido se encuentra la necesidad de no desgastar la imagen de la milicia porque es una figura clave en la intención de legitimar el combate a la delincuencia.
Sin embargo, advirtió que, de dejar estos hechos impunes, se propiciará desde el sistema la participación de soldados en eventos delictivos y dejará complemente desprotegida a la ciudadanía ante la alarmante y creciente inseguridad que priva en la entidad y en el país.
Subrayó que tampoco debe permitirse que estos elementos sean juzgados por la Corte Militar, pues esta instancia generalmente es condescendiente con ellos y evita que sean sancionados conforme a derecho; deben ser juzgados, destacó, por autoridades civiles.
Hasta el momento, la PGJEM no ha confirmado la participación de integrantes de la XXII Zona Militar en el intento de robo ocurrido hace un par de semanas en Tenango del Valle, pero fuentes allegadas a los hechos lo han revelado.
Conforme a estos datos, dos militares de nombre Luis Miguel, originario del municipio de Almoloya de Juárez, y Edgar David, del estado de Puebla, han aceptado su responsabilidad en los hechos, y uno de ellos cuenta con un rango que le permite dirigir a dos pelotones.
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